El dictamen representa un paso fundamental para brindar previsibilidad, seguridad jurídica y un horizonte de largo plazo a una actividad estratégica para la Argentina y, particularmente, para las economías regionales del Norte. El proyecto establece una vigencia de 15 años y contempla entre sus objetivos promover inversiones, generar empleo, mejorar la competitividad, fomentar las exportaciones y contribuir a la diversificación de la matriz energética nacional.
Para el sector sucroalcoholero resulta especialmente relevante que la iniciativa establezca que el corte obligatorio de bioetanol en las naftas pase del actual 12% al 15% a partir de los doce meses de sancionada la ley, preservando durante la vigencia del régimen un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz. El porcentaje restante hasta completar el corte obligatorio podrá provenir de las materias primas contempladas por la norma.
Asimismo, desde el sector valoran especialmente que el nuevo marco priorice la producción nacional al establecer que los biocombustibles destinados al cumplimiento del corte obligatorio deberán ser elaborados en plantas instaladas en la República Argentina y a partir de materias primas de origen nacional, con las excepciones previstas en la propia norma.
La industria sucroalcoholera argentina está preparada para asumir el desafío que plantea este nuevo horizonte. Tal como fue expresado durante la última Cumbre de Biocombustibles, un marco jurídico estable y previsible tendrá como respuesta el compromiso del sector de avanzar con nuevas inversiones, ampliar y modernizar las plantas industriales, incrementar la capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo.
El crecimiento del bioetanol significa mayor demanda para la caña de azúcar, más actividad para ingenios y destilerías y nuevas oportunidades para productores, trabajadores, proveedores, transportistas y prestadores de servicios. Es una herramienta concreta para agregar valor en origen, fortalecer las economías regionales, generar empleo genuino y avanzar hacia una matriz energética más diversificada y sustentable.
"Queremos expresar un especial agradecimiento a los senadores y senadoras que integran las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, cuyo trabajo permitió alcanzar el dictamen, y reconocer particularmente el compromiso de la senadora Carolina Moisés durante el proceso de construcción de consensos", aseguraron.
Asimismo, reconocen a los legisladores que impulsaron las distintas iniciativas que fueron consideradas para la elaboración del nuevo marco regulatorio: Beatriz Ávila (Independencia); José María Carambia y Natalia Gadano (Movere Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Patricia Bullrich (La Libertad Avanza); Flavia Royón (Primero los Salteños); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones); y Jorge Capitanich (Justicialista). La diversidad de iniciativas y pertenencias políticas que confluyeron en el dictamen demuestra que los biocombustibles pueden constituirse en una verdadera política de Estado para el desarrollo productivo y energético de la Argentina.
Este avance es resultado del diálogo, de la búsqueda de consensos y de comprender que, cuando se trata de producción, inversión, empleo y desarrollo federal, es posible construir acuerdos que trasciendan las diferencias políticas.
Por ello, desde la Cámara Sucroalcoholera Argentina solicitan a todos los integrantes del Senado de la Nación y, posteriormente, de la Cámara de Diputados de la Nación, independientemente de su pertenencia política o de la provincia que representen, que acompañen este proyecto y permitan su sanción a la brevedad.
La Argentina tiene ante sí la oportunidad de transformar años de debate y construcción colectiva en un marco jurídico que otorgue certezas para producir e invertir. Con reglas claras y previsibilidad, la industria sucroalcoholera reafirma su compromiso de invertir, producir más y generar más trabajo argentino.
