La Cámara Federal de de Apelaciones de Tucumán ordenó el procesamiento de los empresarios Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos por considerarlos presuntos cómplices de delitos de lesa humanidad contra al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, y que fueron ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en las instalaciones de la fábrica. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas.
El Dr. Pablo Gargiulo, Abogado, hijo de desaparecidos, integrante del área de empresas y derechos humanos dialogó telefónicamente con LV12 Radio Independencia para referirse a este tema. "Consideramos que la decisión de la Cámara es un hito importante, es un paso importante en el avance de esta causa porque posibilita que se pueda avanzar al juicio oral", comenzó diciendo.
Ante la consulta sobre qué es lo que se investiga, el profesional comentó: "Lo que se investiga acá es el secuestro, la desaparición, las torturas, las privaciones ilegítimas de la libertad de personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, durante el terrorismo de Estado, o vivían en las colonias que pertenecían al ingenio o que estuvieron detenidas ilegalmente dentro del predio del ingenio". Y agregó: "Se investiga también la vinculación que hay entre esos crímenes con los propietarios del Ingenio".
"Existían sobradas razones para que esta causa no pereciera durante la instrucción y fuese eventualmente llevada a juicio en donde en definitiva se resolverá la cuestión referida a la participación de los acusados".
En caso de llegar a juicio oral, será el primero donde se dirima la responsabilidad de empresarios de la industria azucarera en Tucumán. "De las 14 causas tramitadas en la provincia, no hubo otra causa en donde se discutiera la responsabilidad penal de empresarios vinculados a la industria azucarera u otras actividades", aclaró.
"Nosotros entendemos que los empresarios no fueron víctimas de la situación. No fue el caso de los propietarios del Ingenio La Fronterita. Los acusados fueron cómplices y partícipes. Se pusieron a disposición de las fuerzas represivas", cerró.