Las inspecciones comenzaron en febrero y estuvieron orientadas a relevar el estado de mantenimiento de las plantas industriales y a supervisar todas las etapas del proceso de producción de azúcar y destilación de alcohol.
Cada área evaluó el cumplimiento de los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos; la correcta ejecución de los planes de gestión de vinaza y los Programas de Reconversión Industrial; así como el uso adecuado del recurso hídrico y el estado de los registros obligatorios.
Las inspecciones se enmarcan en el Acta Acuerdo firmada en 2011 entre —en ese momento— la Secretaría de Ambiente de la Nación y los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, con el objetivo de reducir la contaminación en la cuenca Salí-Dulce. En este contexto, se promueven metas como “ceniza cero”, “vinaza cero”.
Finalizada cada auditoría, se confeccionaron actas firmadas por todas las partes para ser presentados trimestralmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La labor se articula entre Tucumán, Santiago del Estero y Ambiente de la Nación, con el propósito de mitigar la contaminación en la cuenca.
Del recorrido también participó el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa.
En su primera visita como titular de la Defensoría del Pueblo, valoró que “hay una excelente voluntad por parte de los empresarios para tomar todas las previsiones necesarias a fin de evitar la contaminación de la cuenca, hemos observado que se van perfeccionando las técnicas para el tratamiento de la vinaza. Lo que en un primer momento se realizaba en grandes piletones, hoy se está sectorizando y diversificando, aprovechando los residuos que quedan de la explotación para elaborar compost o fertilizante que permita mejorar los cultivos”, indicó.
Durante las inspecciones se recorrieron diferentes sectores de las plantas industriales, incluyendo áreas de destilería, calderas, canales de efluentes, recepción de caña, refinería, embolsado, trapiches, canteras, laboratorios y depósitos de productos terminados.
Además de las tareas de fiscalización, se promueve que los productores adopten Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) certificable. Las BPA buscan evitar la quema de caña de azúcar, que es una práctica dañina para el medio ambiente, la salud, la producción y la seguridad de las personas.
Los controles continuarán realizando tareas de fiscalización durante toda la campaña azucarera.
