La investigación, desarrollada con apoyo de informes técnicos, análisis de telefonía y pericias del ECIF, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que operaba con permanencia y planificación. El grupo obtenía motocicletas sustraídas por terceros no identificados; luego las ocultaba, modificaba sus características y utilizaba documentación adulterada para comercializarlas mediante redes sociales, simulando operaciones legítimas.
Dentro de este esquema, los acusados juzgados hoy cumplían roles específicos: uno participaba activamente en la adquisición y reventa de motocicletas robadas, incluso recibiendo y ofreciendo rodados sustraídos pocos días antes. El otro colaboraba brindando datos de motores y cuadros, y participaba en ventas que terminaron afectando a compradores de buena fe, amparándose en documentación falsa.
La abundante evidencia recolectada (material secuestrado en allanamientos, documentación adulterada, celulares peritados y motocicletas recuperadas) permitió acreditar la existencia de maniobras reiteradas y una estructura con división funcional de tareas.
La fiscal Carmen Reuter, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, presentó el acuerdo de juicio abreviado en representación del MPF. La exposición oral del convenio estuvo a cargo del auxiliar de fiscal Nahuel Lencina, quien detalló ante el tribunal los hechos atribuidos y el rol desempeñado por cada imputado dentro de la organización.
Las condenas
De acuerdo con lo pactado en el juicio abreviado y sobre la base de la evidencia reunida:
Miguel Rolando Romano recibió una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva, por resultar voluntario y penalmente responsable del delito de asociación ilícita en perjuicio del Orden Público, en calidad de coautor; en concurso real, con el delito de encubrimiento por receptación dolosa en perjuicio de la Administración Pública; en concurso real con encubrimiento por receptación dolosa en perjuicio de la Administración Pública en calidad de coautor; en concurso real con el delito de encubrimiento por receptación dolosa en perjuicio de la Administración Pública; en concurso real con encubrimiento por receptación dolosa en perjuicio de la Administración Pública, en calidad de autor. Se valoraron agravantes vinculados a la multiplicidad de hechos y la afectación a distintos bienes jurídicos, además de su rol dentro de la estructura. También se ponderaron atenuantes como la ausencia de antecedentes y su voluntad de someterse al proceso abreviado.
Nicolás Maximiliano Barrionuevo fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, pena efectiva, en razón de su participación en la asociación ilícita, el encubrimiento de motocicletas robadas y su intervención en maniobras de estafa mediante documentación adulterada. En su caso, se tuvo especialmente en cuenta que ya poseía una condena anterior.
Con la concreción de este proceso abreviado, el MPF continúa avanzando en la desarticulación de redes dedicadas al robo y reventa ilegal de motocicletas, una modalidad que afecta la seguridad pública y perjudica tanto a propietarios como a compradores de buena fe.
