"Lucía", la niña de 11 años a la que se le practicó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y su familia podrán empezar de nuevo. Es que el Estado provincial acatará el fallo que dispuso la Justicia respecto a la provisión de una vivienda y un empleo para su madre, teniendo en cuenta su estado de extrema vulnerabilidad.
La jueza de Familia de la V Nominación, Valeria Brand, consideró que correspondía que el Estado ayudara a la familia de Lucía a reinventarse en otro lugar, y, sobre todo, con mejores condiciones materiales y espirituales que las que tenía cuando ocurrió la violación. Por ese motivo, la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo la provisión de una casa para “Lucía” y su grupo, además de otros bienes que posibiliten la nueva vida, como un empleo público para la madre.
En este sentido, la magistrada explicó que "la decisión judicial tuvo como objetivo articular políticas públicas a fin de poder remediar en alguna medida la situación de extrema vulnerabilidad por la que está atravesando la mamá de la niña".
A partir de esto, Brand dijo que "lo primero que se tuvo en cuenta fue la continuidad en el acompañamiento de salud mental tanto de la niña como del grupo familiar y después fue arbitrar la posibilidad de que el Estado acuda en auxilio de esta mamá como colectivo vulnerable tratando de que pueda proveerse de lo mínimo indispensable".
En este marco, confirmó que "el Superior Gobierno de la Provincia ya nos ha comunicado que está en vías de proveer todo aquello que se dispuso, tanto en la unidad habitacional como el tema laboral y toda la contención educacional. De modo tal que en este momento estamos en plena etapa de efectivización y cumplimiento de lo dispuesto".
"Una vez que esto se articule, hemos dispuesto también que la mamá pueda hacerse cargo no solamente de esta niña, sino también de las dos hijas mayores", agregó.
La magistrada aclaró que "el Gobierno no es parte del proceso por lo tanto no podía articular ningún recurso de apelación. Además, debo decir que el Estado provincial desde el minuto uno en el que hemos tomado conocimiento de la situación ha venido acatando todas y cada una de las disposiciones judiciales", remarcó.
También, dejó en claro que "esto no es una sentencia de reparación, no tiene que ver con la reparación de ninguna consecuencia disvaliosa que la niña o cualquier organismo internacional pueda evaluar como aplicable o procedente al caso".
Para finalizar, informó que Lucía continúa a resguardo. "El domicilio solamente lo sabemos quienes intervenimos en el proceso judicial. Terminó el ciclo lectivo de manera normal, ahora está por ingresar al secundario. Se ha reinsertado socialmente y no va a volver a su lugar de origen que fue lo que movilizó el dictado de esta sentencia porque revulneraría derechos en ella", concluyó.
El caso de “Lucía” conmocionó a la provincia, y tuvo repercusión nacional e internacional. Tres procesos judiciales continúan abiertos: el expediente de familia en manos de Brand, y las causas penales abiertas contra Amaya, abuelastro de la niña acusado de violarla, y contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos particulares que practicaron la cesárea en febrero en el Hospital del Este por la resistencia de los profesionales del Estado.