El gobierno británico acusó a la Argentina de negar el derecho de autodeterminación de los isleños y volvió a defender las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago.
La posición de Londres fue incorporada al registro oficial de la 81° Asamblea General después de que Milei calificara a Malvinas como “una causa nacional”, reclamara al Reino Unido que retome el diálogo por la soberanía y cuestionara a la ONU por no haber conseguido avances en la disputa.
“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía” sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas circundantes, señaló Londres. El Gobierno británico sostuvo además que los isleños tienen derecho a determinar su estatus político y su desarrollo económico, social y cultural.
El comunicado elevó el tono frente a la posición del gobierno libertario y afirmó que la Argentina “continúa negando” que ese derecho corresponda a los habitantes de las islas. Londres sostuvo que esa postura es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y agregó que “no es el comportamiento que esperamos de una democracia”.
Además, el Reino Unido volvió a utilizar como argumento el referéndum realizado en las islas en 2013. Según los datos británicos, participó el 92% del padrón y el 99,8% votó por mantener el actual estatus de territorio británico de ultramar.
La postura argentina es distinta: el Gobierno sostiene que el principio de autodeterminación no resulta aplicable a la disputa por Malvinas y basa su reclamo en las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llaman a ambas partes a negociar.
Londres también respondió a las últimas medidas argentinas contra la explotación de recursos naturales en las islas. Afirmó que el desarrollo de hidrocarburos constituye una “actividad comercial legítima” regulada por las autoridades isleñas y sostuvo que la legislación argentina no tiene aplicación sobre el territorio.
El Gobierno británico cuestionó específicamente las sanciones a empresas vinculadas con el sector petrolero. Las calificó como un intento “inaceptable” de ejercer jurisdicción extraterritorial y afirmó que no tienen justificación bajo el derecho internacional. También sostuvo que esas medidas afectan los negocios internacionales y son incompatibles con el libre comercio.
La respuesta se produce después de que el Gobierno argentino endureciera su estrategia alrededor de Malvinas y del proyecto Sea Lion. La Casa Rosada dispuso sanciones y envió al Congreso un paquete de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las herramientas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas.
