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Suspenden el histórico juicio contra los dueños de La Fronterita

A 50 años del golpe de Estado, la justicia federal postergó sin plazo el debate oral contra los exdirectivos del ingenio azucarero, acusados de entregar sus instalaciones al Ejército para secuestros y torturas

A menos de 24 horas de su inicio, el Tribunal Oral Federal de Tucumán resolvió suspender el comienzo del primer juicio por complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad en la provincia. El proceso debía juzgar los crímenes cometidos contra 68 víctimas en el Ingenio La Fronterita, en Famaillá, durante la última dictadura.

La decisión, adoptada el pasado 5 de marzo, se tomó tras un pedido de nueva evaluación médica sobre uno de los imputados, Jorge Alberto Figueroa Minetti, exadministrador del ingenio. El tribunal ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense, dejando el juicio sin fecha de inicio, lo que encendió alarmas en organismos de derechos humanos.

El debate oral llegaba tras más de una década de trámite judicial, con un fuerte desgaste en la causa. De los seis empresarios inicialmente imputados, solo dos estaban en condiciones de ser juzgados: Figueroa Minetti y Eduardo Butori. El resto fue quedando fuera del proceso por fallecimiento o problemas de salud, lo que evidencia el impacto del paso del tiempo en este tipo de juicios.

Desde la querella, a cargo de ANDHES, advirtieron que la suspensión coloca al expediente “al borde de la impunidad biológica”, un concepto que refiere a cuando los acusados evitan ser juzgados por su edad o estado de salud. “Las demoras estructurales del Poder Judicial terminan favoreciendo que los responsables no lleguen al banquillo”, señalaron.

El juicio buscaba determinar la responsabilidad de la empresa azucarera en la cesión de instalaciones al Ejército, donde habría funcionado un centro clandestino de detención. Según la investigación, el ingenio no solo habría facilitado espacios, sino también logística e información sobre trabajadores, muchos de ellos dirigentes sindicales que luego fueron secuestrados y desaparecidos.

La suspensión revive antecedentes como el del Ingenio Ledesma, en Jujuy, donde el empresario Carlos Pedro Blaquier murió sin ser juzgado. En ambos casos, las causas estuvieron paralizadas durante años y la avanzada edad de los imputados terminó condicionando el desarrollo del proceso judicial.

Familiares de las víctimas expresaron su preocupación por la falta de avances. “Nos piden que esperemos, que tengamos paciencia, pero la paciencia alguna vez se acabará”, sostuvo Hortensia Ortiz, hija de un trabajador desaparecido. Mientras tanto, la causa permanece en suspenso y crece la incertidumbre sobre si el juicio podrá concretarse o si, una vez más, el tiempo jugará a favor de la impunidad.

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