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Jujuy: "hay avasallamiento sobre el poder judicial"

Luis Paz, abogado integrante de la defensa de Milagro Sala, explicó que "el proyecto refleja la situación institucional de la provincia de Jujuy".

El proyecto de ley del senador Guillermo Snopek, propone la intervención del Poder Judicial en la provincia de Jujuy y por el cual la oposición de Juntos por el Cambio se opone tajamente.

Acerca de la situación judicial de Jujuy, en la que sectores del oficialismo cuestionan irregularidades y los juicios que se llevaron adelante contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, Alberto Fernández reconoció que “hay situaciones que a uno le preocupan, pero hay que ser cuidadosos”.

Con respecto a esto, el abogado Luis Paz comentó en LV12 que "el avasallamiento del poder ejecutivo sobre el judicial, luego se vio reflejado con la detención de Milagro Sala. Entendemos que hay sectores que están con franca convivencia para llevar adelante todos estos atropellos".
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Milagro Sala - Jujuy

Milagro Sala - Jujuy

"El proyecto refleja la situación institucional de la provincia de Jujuy, ya fue denunciado al principio por la defensa de Milagro Sala".

Según Snopek, ex cuñado de Gerardo Morales, el gobernador “tiene la suma del poder público” en su provincia y sostuvo que su proyecto “no es por Milagro Sala”, en referencia a la acusación que hacen los bloques opositores de que la intención es liberar a la detenida dirigente social jujeña, condenada en distintas causas y con procesos todavía abiertos, sino que busca restablecer la “independencia de poderes”.

“No se puede tener un país con 44.000.000 de argentinos y una Corte de cinco miembros, y un Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, que tiene 770.000 habitantes, con nueve miembros. En términos republicanos, esto es un verdadero escándalo”, alertó Snopek.

Snopek asegura que con su propuesta busca que haya "garantías constitucionales del debido proceso" en la provincia y negó que esté detrás de la excarcelación de la dirigente, que cumple arresto domiciliario. Su propuesta establece que el Gobierno designará un interventor federal por un año, que se puede extender uno más.

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