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Ataque a Cristina: para la Justicia "hubo premeditación"

Este miércoles fuentes del entorno de la Justicia hicieron saber los avances de la causa y destacaron que se están realizando nuevas medidas de investigación.

Mientras la Justicia realizaba esta noche nuevas medidas de prueba para terminar de reunir evidencias contra Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, la jueza María Eugenia Capuchetti los imputó formalmente por “haber intentado dar muerte” a Cristina Kirchner, y por haber actuado “con planificación y acuerdo previo“, aprovechándose del “estado de indefensión” de la vicepresidenta.

Así trascendió esta noche de fuentes judiciales, que hicieron saber los avances de la causa y destacaron que se están realizando nuevas medidas de investigación. Entre ellas se dispuso que se allanara nuevamente el monoambiente de Sabag Montiel, en la calle Uriburu al 700, de Villa Zagala, en el partido bonaerense de San Martín. El lugar estaba repleto de basura, según constataron los investigadores.

El procedimiento estuvo motivado en las imágenes del teléfono de Sabag Montiel, donde se lo ve en fotos posando con su arma y se ven imágenes de su novia con la pistola en la cintura y las balas. La idea es no pasar nada por alto; por eso el fiscal Carlos Rívolo y la Policía de Seguridad Aeroportuaria pidieron este allanamiento dispuesto por la jueza Capuchetti.

El fiscal fue a mirar personalmente el inmueble para hacerse una composición del lugar y tener una impresión fundada de cómo vivía Sabag Montiel.

La imputación

Asimismo, trascendió la imputación concreta contra el atacante y su novia. La jueza Capuchetti, al indagarlos, les leyó que estaban acusados de “haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -vicepresidenta de la Nación y Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”.

Señalaron que el hecho tuvo lugar el jueves 1 de septiembre a las 21 en Juncal y Uruguay, “más precisamente frente al catastro 1409″ de Juncal, cuando la vicepresidenta saludaba a la gente y “el imputado, aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud”, apuntó a Cristina Kirchner “hacia su rostro con una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración “25037″ en el lateral izquierdo del cañón”.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la acusación sostiene que Sabag Montiel “accionó la cola del disparador (el gatillo) en al menos una ocasión sin que se produzca el disparo pese a encontrarse el arma estaba cargada con cinco cartuchos de bala del mismo calibre y resultar aptas para sus fines específicos”.

“El referido suceso tuvo planificación y acuerdo previo”, señala la acusación que le leyeron a los dos detenidos cuando fueron indagados. Además, señaló el juzgado cuando los interrogó que “Brenda Uliarte estaba presente en las inmediaciones del lugar” y que ambos “arribaron conjuntamente”.

La justicia señaló que los dos “detentaban el arma de fuego secuestrada con sus municiones desde fecha anterior al hecho, cuanto menos desde el 5 de agosto de 2021″. Los investigadores saben que esto es así porque encontraron fotografías del arma en poder de ambos de esas fechas. Por eso, la Justicia les imputó además “haber llevado consigo y/o tenido” el arma de fuego “sin contar con la debida autorización legal” y que los dos la habían recibido con la numeración parcialmente limada y que lo sabían.

Toda esta descripción del hecho y las pruebas apuntan a que ambos podrían ser procesados por tentativa de homicidio calificado, agravado por la presencia de dos o más personas, por el estado de indefensión de la víctima, por la premeditación y por el uso de un arma con los números limados.

Un delito diferente que se les imputó es “haber acopiado dos cajas de municiones” marca MAGTECH, con “50 cartuchos intactos calibre. 32 automático” que fueron secuestradas el 2 de septiembre de 2022 en uno de los allanamientos. A estos delitos ligados a la tentativa de homicidio se le sumó en la indagatoria el de haber falsificado o participado en la falsificación de los certificados de discapacidad encontrados en la casa de Sabag Montiel, a nombre de ambos, emitidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Breda Uliarte, en su indagatoria, enfrentada a estos hechos dijo que no tuvo ninguna participación y no contestó las preguntas de la jueza Capuchetti y del fiscal Rívolo. Solo respondió las preguntas de su defensor de oficio Gustavo Kolman, ocasión en la que dijo que le resultaba “aberrante” el ataque a la vicepresidenta, que si bien podía no tener sus mismas ideas, respetaba el disenso y señaló que sólo estuvo en el lugar acompañando a su novio. Si hubiera sabido lo que iba a hacer, no habría estado allí, dijo.

Por su parte, Sabag Montiel se negó a declarar, pero dijo que ni él ni Brenda Uliarte tuvieron nada que ver con el episodio.

La jueza ordenó la búsqueda de tres vehículos de Sabag Montiel. Hallarlos era importante pensando en la eventual necesidad de embargarlos y afectarlos al sumario. Los encontraron, inspeccionaron y secuestraron. También se secuestró documentación de los vehículos y el DNI de Sabag Montiel. Un Chevrolet Prisma negro y Peugeot 207 Compact que los abandonó en la calle a unas cuadras de un taller en Villa del Parque.

El juzgado informó que se encuentran peritando el teléfono de Brenda Elizabeth Uliarte y otros seis aparatos más de sus amigos con los que vendían copos de azúcar de algodón coloreado y con los que dio una entrevista en televisión. La Justicia ordenó también la reconstrucción, a través del análisis de todas las cámaras de grabación posibles (tanto públicas como privadas), de todo lo que hicieron ambos imputados el día del hecho, y también días anteriores.

Esas imágenes permitieron ubicarlos en la zona el día del atentado contra la vicepresidenta y además otras cámaras permitieron ubicar el carrito de venta de copos de azúcar de algodón en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner el 23 de agosto, al día siguiente de que el fiscal Diego Luciani le pidiera una condena de 12 años de cárcel; y el 27 de agosto cuando se produjo enfrentamiento entre manifestantes y la Policía de la Ciudad por las vallas en Recoleta.

Otra prueba indicaría que el ataque a Cristina habría sido planeado

FUENTE: La Nación

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