En diálogo con LV12 Radio Independencia Celeste Pousa, investigadora del INECIP, habló sobre dicha investigación: "Nos encontramos con una falta de información que nos permita realizar un diagnóstico y saber cuáles son las respuestas que el Estado, el Poder Judicial y los órganos de persecución penal están dando a las víctimas en este tipo de conflictos".
Y continuó: "Hicimos una investigación sobre cuáles han sido los efectos del fallo Góngora, sancionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2013, que estableció la prohibición de diversidad de respuestas en los casos en que se trate la violencia de género y estableciendo como única instancia para poder gestionar estos conflictos el juicio oral, entendiendo el juicio oral como la única instancia que va a garantizar un acceso a la Justicia para las víctimas".
"Esta política, esta posición revisionista que sentó la corte en el año 2013, hasta el día de hoy han pasado diez años y no hemos podido conocer cuáles han sido los efectos, nos ha costado mucho poder saber, por ejemplo, cuántos son los ingresos, las causas, los casos por violencia de género que ha tenido la justicia penal nacional específicamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y también cuáles han sido las respuestas, es decir cómo han finalizado, es información básica para poder realizar un diagnóstico y también para saber cuál es el tipo de problemas que tenemos hoy y que nos enfrentamos para poder gestionar estas violencias", agregó.
image.png
¿Qué está haciendo la justicia penal para gestionar las violencias de género?
Siguiendo esta línea indicó: "En este laberinto para poder saber cuántas causas ingresan y de qué forma terminan, nos encontramos con que ni siquiera sabemos cómo son estas víctimas, qué edad tienen, qué tipo de violencia ha sido identificada, cuáles son los tipos penales predominante".
El registro mayor que está registrado, aparece como infracción a la ley 26. 485, que es la ley nacional para prevenir las violencias de género, la cual no tipifica ningún tipo de delitos, es una ley que no contempla delitos penales y tenemos un problema de registro de que la mayor parte de las causas están registrados bajo esta categoría, son datos construidos artesanalmente a partir del pedido de información que realizamos y que dan cuenta del laberinto de información que tiene la Justicia nacional para abordar estos casos.
"Esto de alguna forma incumple la obligación que tiene el Estado primero de registrar estas violencias, establecida por las convenciones internaciones en materia de violencia de género, establecida por la misma ley nacional 26. 485, que obliga al Estado a crear un registro demográfico con información básica y esencial sobre cuántas victimas denuncian, qué tipo de víctimas, qué tipo de violencias les afecta, si tienen hijos o no, sin son menores de edad o no, si han tenido denuncias previas", finalizó.
