A diferencia de otros apelantes, Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, con el patrocinio de Roberto Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi y Hernán Gullco, optó por presentar una revocatoria con apelación en subsidio, un recurso que otorga al juez la posibilidad de revisar su propia resolución antes de que intervenga la Cámara.
En un proceso paralelo, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, solicitó el allanamiento del medio digital Carnaval, su plataforma Carnaval Stream, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como de los empresarios mediáticos Pablo Toviggino y Franco Bindi, todos vinculados a la difusión de los audios. La medida fue presentada en el marco de una denuncia por supuesta “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados” con el objetivo de “desestabilizar el proceso electoral”.
La medida fue rápidamente denunciada por organismos de prensa como una forma agresiva de censura y criminalización del ejercicio periodístico.
Por su parte, Fontevecchia fundamentó que la resolución de Maraniello afecta directamente a NetTV, señal que integra su grupo y que quedó alcanzada por la prohibición judicial. Recordó que el artículo 198 del Código Procesal habilita a los terceros afectados a cuestionar medidas cautelares y subrayó que, de no admitirse este camino, los medios de prensa verían reducida su capacidad de defensa.
En el escrito presentado por el empresario también se invocaron normas nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, además de jurisprudencia aplicable. Fontevecchia cuestionó los términos empleados por el juez en la resolución y advirtió que, en ausencia de contraparte, la única vía de revisión es a través de los afectados directos.
Al presentar la fundamentación desde el inicio en el recurso, logró que su caso se trate con prioridad. Mientras que otros apelantes disponen de cinco días para presentar sus argumentos, su expediente pasará directamente a la Cámara tan pronto como Milei responda. En caso de que el juez rechace la revocatoria, su recurso quedará listo para ser resuelto a partir del lunes siguiente.
Lo que viene
Según fuentes judiciales, Milei tiene hasta el lunes para responder debido al plazo de gracia procesal. Solo entonces se podrá conocer su escrito, tras la contestación formal por parte del juez. La definición de la Cámara, sin embargo, podría marcar un precedente clave sobre los límites entre la protección de información estatal sensible y el derecho a la libertad de prensa.
Estamos ante un momento crítico para el periodismo en Argentina. Prohibir la difusión de información relevante -que, por otra parte, involucra a funcionarios públicos y un escándalo de corrupción- bajo el argumento de "sensibilidad estatal", supone un concepto anacrónico de “seguridad”, que choca con la obligación del periodismo de informar y fiscalizar.
La solicitud de allanamientos por parte del gobierno libertario encendió alarmas por su tono autoritario: no se trata solo de frenar publicaciones, sino de amenazar directamente a quienes las producen. Lejos de sofocar la polémica, la medida la intensifica, situando al oficialismo bajo la lupa de la libertad de prensa.
