Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú para el período 2026-2031 y buscó enviar una señal política relacionada a su mandato.
Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú para el período 2026-2031 y buscó enviar una señal política en uno de los puntos más sensibles de su llegada al poder: descartó cualquier intención de prolongar su mandato más allá del plazo constitucional.
Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú
“Empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años, ni un día más”, afirmó durante su discurso de investidura ante el Congreso, en una referencia directa a los cuestionamientos de sectores de la oposición que temen una concentración de poder similar a la ocurrida durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.
Compromiso con la soberanía y los derechos
La dirigente conservadora, de 51 años, juró defender la soberanía nacional, la democracia y la independencia de poderes. También aseguró que respetará la Constitución y las leyes, además de velar por los derechos de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados.
El regreso del fujimorismo tras 25 años
La asunción marca el regreso del fujimorismo a la presidencia más de 25 años después del final del gobierno de Alberto Fujimori, quien ocupó el cargo entre 1990 y 2000 y falleció en 2024.
Keiko Fujimori alcanzó la presidencia en su cuarto intento electoral tras imponerse en junio al progresista Roberto Sánchez en una segunda vuelta muy ajustada.
Su llegada al poder se produce después de una década de fuerte inestabilidad política en Perú, país que tuvo ocho presidentes en los últimos diez años.
Pese a ese escenario, recibe una economía que mantiene niveles de crecimiento impulsados principalmente por las exportaciones mineras, uno de los motores históricos del país andino.
El desafío de la delincuencia organizada
El reto más urgente para el nuevo gobierno será el avance de la delincuencia organizada y las extorsiones.
Según datos oficiales citados por agencias internacionales, las denuncias por extorsión pasaron de 2.421 casos en 2019 a 26.734 en 2025, reflejando el fuerte crecimiento de este delito en distintas regiones del país.
Las bandas criminales afectan especialmente a pequeños comerciantes y trabajadores del transporte, quienes suelen ser amenazados con ataques, incendios o explosivos para exigir pagos ilegales.
Durante la campaña, Fujimori prometió combatir el crimen con “mano dura” e indicó que tomará como referencia algunas medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entre sus propuestas figuran la construcción de una prisión de máxima seguridad y el fortalecimiento de herramientas judiciales para enfrentar a las organizaciones criminales.
Demandas políticas y sociales al nuevo gobierno
La nueva presidenta también enfrenta demandas de distintos sectores políticos y sociales.
La oposición reclama la revisión de leyes aprobadas en el anterior Congreso, dominado por el fujimorismo, que según especialistas reducen la capacidad del Estado para investigar y perseguir al crimen organizado.
Además, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 solicitaron la creación de una comisión que investigue la muerte de 50 civiles durante las movilizaciones posteriores a la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Horas antes de la ceremonia de investidura se registraron manifestaciones de rechazo al nuevo gobierno. Algunos familiares de las víctimas señalaron que no reconocen a Fujimori como su representante y reclamaron justicia por los fallecidos.
En medio de ese escenario, la flamante mandataria apeló a la reconciliación nacional y sostuvo que inicia su gestión “con profunda humildad” y con la responsabilidad de devolver estabilidad institucional a un país que atraviesa años de crisis política y creciente inseguridad.
