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El ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, anunció un nuevo reajuste en los valores de los servicios de electricidad y de gas natural.
El funcionario nacional ubicó el incremento entre un 25% y un 30%, aunque las empresas distribuidoras aún no saben de cuánto será, finalmente, la suba.
En el caso del servicio eléctrico, EDET espera que se confirme el anuncio. En este caso, el reajuste no requeriría de la convocatoria a una audiencia pública, ya que anteriormente se determinó el sendero de precios que, en principio, se aplicaría entre el mes que viene y septiembre.
Los directivos de la empresa de distribución eléctrica tucumana reconocieron, asimismo, que hubo una baja del consumo respecto de otras temporadas, lo que evidencia un cambio de hábito del usuario residencial del servicio eléctrico. Por caso, de acuerdo con los datos de la empresa, el 80% de las facturas emitidas en el último mes han registrado un valor de hasta $ 1.000, con impuestos incluidos.
Gasnor coincide con EDET en que los usuarios residenciales han modificado su hábito de consumo, luego de los aumentos de principios de año.
Por caso, el cierre de la facturación correspondiente a este mes ha dado los siguientes resultados:
• El 33% de los usuarios ha recibido facturas de invierno con importes de pago de hasta $ 250 mensuales.
• Un 36 % recibió sus facturas con importes de pago entre 251 y 500 pesos mensuales.
• Un 16% adicional tiene importes de pago mensuales entre $ 501 y $ 800.
Esto implica que el 85% del total de usuarios de Gasnor abona hasta $800 (por mes). Asimismo, desde la empresa indicaron que, en lo que va de este mes, solo 1.500 usuarios (0,8% del universo de la distribuidora) ha recibido facturas con un pago mensual entre $ 3.000 y $ 5.000.
A principios de abril pasado entró en vigencia el tercer escalón de la Revisión Tarifaria Integral, las adecuaciones por inflación de la tarifa de distribución y transporte y el cambio en el precio del gas en Boca de pozo. Ahora los valores se reajustarán por la evolución inflacionaria, reconocieron desde el Gobierno.
"La gente va a la Defensoría a decir que no puede pagar los servicios"