Distintas ONG alertan que más de 5 millones de personas podrían quedar jurídicamente desprotegidas si se sanciona la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsada por el gobierno de Javier Milei, mientras el debate en comisión del Senado se reanuda este miércoles.
Actualmente, la Ley 27.453, declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares.
Sobre esta reforma es que distintas ONG, como TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron que “representa un retroceso profundo y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país”.
La normativa, que fue sancionada por el Congreso de manera unánime en 2018, establece la suspensión de desalojos; la regularización dominial.
-Este miércoles a las 15, en comisión, el Senado retoma el debate por la ley de propiedad privada. Las ONG irán al Senado a defender su postura-.
Propiedad privada: qué propone el Gobierno
Los fundamentos del proyecto libertario señalan que, “lejos de lograr su objetivo, luego de más de 7 años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número muy bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita”.
Advertencias de las ONG
Las ONG aseguran que se debe avanzar con obras como hacer manzanas, abrir calles, así como también resolver situaciones de hacinamiento y reubicar familias. Por otra parte, las ONGs alertan que la reforma libertaria suprime la suspensión de desalojos por 10 años. “En el esquema actual, el Estado Nacional tiene el mandato de suspender desalojos, entregar certificados de vivienda como primer paso y procurar avanzar en la regularización dominial con las provincias y municipios cuando corresponde”.