La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó este lunes al expresidente Mauricio Macri; a su ex asesor Fabián “Pelín” Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y otros ex funcionarios en la causa denominada “mesa judicial” del macrismo, que investigó si durante la gestión del ex mandatario se presionó a jueces para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaran resoluciones adversas.
El kirchnersimo lo presentaba como un caso de "lawfare", a propósito del supuesto contubernio entre el macrismo y un sector del Poder Judicial. Para la jueza, no existen pruebas de que haya existido dicha maniobra.
En su fallo, Capuchetti señaló que además de no encontrar pruebas que acrediten el presunto delito, los jueces y fiscales que habrían recibido estas supuestas presiones nunca las denunciaron.
“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, indicó la magistrada.
En su resolución, también afirmó que no pueden considerarse como una presión los comentarios en la prensa sobre los funcionaros judiciales.
"Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada", aseguró.
“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído, la tarea que se impone no es un nuevo repaso de toda la prueba producida, sino en primer lugar, el someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, según la jueza, para quien las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno”.
“La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”, concluyó.
El fallo fue firmado poco antes del inicio de la feria judicial de enero y ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi.
Pese a su sobreseimiento en esta causa, aún pesa sobre "Pepin" Rodríguez Simón una orden de detención. El ex diputado del Parlasur, prófugo en Uruguay desde 2020, es investigado por la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el Gobierno de Cambiemos.