Tras el DNU enviado al congreso por el presidente Javier Milei al Congreso este miércoles, se multiplicaron las repercusiones sobre sus alcances y sus formas. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que "es una estrategia de gobierno de alguien que intenta acumular, en el ámbito del Poder Ejecutivo, las funciones administrativas y legislativas". "Es un intento de reformar la Constitución por fuera de los mecanismos", consideró.
Respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de "desregulación de la economía", recordó que "entra en vigencia el viernes y ya tiene varias presentaciones, algunas con carácter preventivo y ya sea que se dé en la feria o a partir de febrero, estas causas traerán novedades en medidas cautelares o una sentencia de fondo, porque no hay nada que discutir acá más que una cuestión de puro derecho".
"En relación al proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente a las sesiones extraordinarias, hay que esperar y ver si se aprueba o no. Si se aprueba, en qué comisiones se aprueba, para ver si las objeciones constitucionales que estamos haciendo se concretan y es viable judicializarlas", detalló, en diálogo con Luli Trujillo, Irina Hauser y Paula Marussich en Turno Mañana, en C5N.
"Me parece importante destacar que con el llamado a sesiones extraordinarias y el envío del proyecto de ley de parte del presidente y con la solicitud en uno de sus últimos artículos de la ratificación del DNU 70/2023, Milei está demostrando con sus propios actos que no se dan las condiciones previstas por la Constitución para el dictado del DNU, que es que el Congreso no pueda funcionar", remarcó Gil Domínguez.
"Más claro imposible para que el primer juez que analice dicte una medida cautelar urgente porque el presidente está demostrando que no se dan estos presupuestos", añadió.
En cuanto a la delegación legislativa del Congreso al presidente, el letrado explicó que "está prevista en nuestra constitución", pero que "es una delegación acotada, con bases precisas, ciertas y por un tiempo razonable".
"Acá se está proponiendo una delegación con 16 bases imprecisas, abiertas, indeterminadas, que le permitirían al presidente gobernar por decretos delegados más los DNU clausurando definitivamente al Congreso y por un tiempo que abarcaría todo su mandato", resaltó.
"Tenemos que recordar que nuestra constitución histórica establece que aquellos legisladores que concedan la suma del poder público al Poder Ejecutivo son pasibles del delito de traición a la patria, porque prohíbe una transferencia total de las facultades legislativas y que se acumulen en el Ejecutivo", enfatizó Gil Domínguez.
Según indicó el especialista, "este proyecto utiliza una herramienta que está en la Constitución, abusa de ella desviándose del ejercicio legítimo del poder para operar una reforma constitucional encubierta, sin cumplir con los requisitos previstos por la Constitución. Y para incumplir con tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, sin seguir el procedimiento, para desligarse de las obligaciones constitucionales".
Respecto al capítulo del proyecto que impide la reunión de más de tres personas, el abogado planteó que "es violatorio en forma integral de los estándares interamericanos emergentes de la interpretación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que, en nuestro sistema, por imperio de la Constitución, tienen jerarquía constitucional. Es directamente prohibir el derecho a la protesta pacífica y penalizarla".
"Hay una penalización con tipos muy altos, ambiguos, con aumento de la pena para que sea de cumplimiento efectivo. Es la prohibición absoluta mediante la vía penal, que es la peor de todas", agregó.
Para Gil Domínguez, "esto no una mescolanza irracional. Es una estrategia de gobierno de alguien que intenta acumular, en el ámbito del Poder Ejecutivo, las funciones administrativas y legislativas. Lo propuso durante su campaña, no es una novedad. Son modelos autoritarios que utilizan las herramientas previstas por la Constitución para terminar devorándola".
"Esto está bien pensado, craneado, es una estrategia. Es un intento de reformar la Constitución por fuera de los mecanismos y cuando empiece a sentir límites por parte del periodismo o parte del poder judicial también va a ir por eso", sostuvo.
Consultado sobre la posible actuación de la Justicia sobre los alcances de la ley, el constitucionalista recordó que "los jueces no actúan de oficio. En la medida en que los casos se vayan presentando va a ir resolviendo y siempre tenemos la posibilidad del per saltum a la Corte Suprema en casos de gravedad institucional. Hasta ahora, respecto al DNU no ha llegado ningún caso a la Corte. Y para la Ley Ómnibus, primero hay que ver si se convierte en ley y en qué condiciones".
Por último, Gil Domínguez reflexionó: "Si pensamos que la última reforma integral del Código Civil en 2015 fue producto de un proceso de tres años, donde se discutió en todas las provincias, en universidades públicas, privadas, colegios de abogados, una revisión del Poder Ejecutivo y en el Congreso con participación ciudadana. Acá se está proponiendo una reforma integral a simple solicitud del Presidente".
Constitucionalista advierte sobre el tiempo que llevará al Congreso tratar el proyecto de Ley Ómnibus
El exdiputado nacional del PRO y abogado constitucionalista Pablo Tonelli advirtió este jueves sobre el tiempo que le tomará al Congreso el tratamiento del proyecto de ley ómnibus enviado ayer por el Poder Ejecutivo, al sostener que su aprobación puede llevar "meses o años".
"El proyecto es tan amplio que va a tener que ser girado a no menos de 10 ó 12 comisiones, lo que implica en tiempo meses o años para que eso vea la luz", dijo Tonelli en declaraciones formuladas a CNN Radio, en las que planteó que "habría sido más práctico dividirlo".
El exlegislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires se refirió así a la iniciativa girada el miércoles por el Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, que establece una profunda reforma del Estado, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias y un nuevo mecanismo para actualizar las jubilaciones y pensiones, entre otros puntos, a través de 664 artículos.
En este sentido, el exdiputado del PRO afirmó que, "si la reforma del Código Civil se hubiera agrupado en un solo proyecto, que va a una sola comisión, habría sido más ágil".
Sin embargo, el exlegislador indicó que estos problemas se pueden subsanar "en una negociación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para dividir el proyecto".
Sobre la declaración de emergencia incluida en el proyecto de ley, sostuvo que "todos nuestros Presidentes han echado mano a la emergencia y la delegación de facultades, lo que no es para aplaudir pero, si en alguna circunstancia el país está en emergencia parece ser actualmente".
En materia de reforma política, uno de los ejes del proyecto de ley, Tonelli se mostró partidario de "comenzar con la cuestión de la boleta única, que es la reforma que más estamos necesitando en este momento".
Cómo afecta la Ley Ómnibus del Gobierno a los jubilados (lv12.com.ar)