La Justicia laboral hizo lugar a la presentación de la CGT para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei buscó cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional. La jueza Moira Fullana ordenó suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto.
La CGT había señalado que no se había cumplido el debido proceso legislativo, ya que “la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto” sino a través de ley sancionada por el Congreso.
En su resolución, la jueza Fullana reafirmó la competencia de la Justicia laboral para resolver el amparo presentado por la CGT, a pesar de los intentos del Gobierno de moverla al fuero Contencioso Administrativo; y admitió el amparo de la central obrera para suspender provisoriamente los artículos 2 y 3 del DNU 340/25.