El Ministerio Fiscal aportó $ 2.686.660 al Ministerio de Salud de provincia para apoyar la lucha contra el CODIV 19. Este dinero proviene del programa implementado "Nadie en las calles" que se despliega todos los días para controlar y retener a quienes no cumplen con la cuarentena.
Esa suma, es producto de lo que pagaron y pagan todas las personas aprehendidos, los conductores infractores, los propietarios de los vehículos retenidos y los dueños de locales comerciales que no estaban exceptuados, quienes hacen efectivo el acogimiento al Instituto de la Reparación Integral (artículo 27 inciso 2 de la ley 8933 y demás concordantes) realizando un depósito bancario en una cuenta a nombre del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).
A este jueves, 7 de mayo, el total de aprehendidos en cuarentena desde el 20 de marzo, asciende a 5.294 personas, mientras que son 3.236 los vehículos retenidos.
Propuesta: aceptación o rechazo
El fiscal Carlos Picón, dijo que a cada infractor se le propone el pago, a través de un email que remite a una casilla de correo del MPF habilitada para tal fin [email protected].
"Tras ese trámite, desde el Ministerio Fiscal realizamos una serie de averiguaciones para conocer de quien se trata. Investigamos para saber si lo que está ofreciendo como reparación integral tiene que ver con su realidad económica o es sólo una operación para recuperar el bien y desligarse del problema, cuando en realidad el espíritu del Instituto de la Reparación Integral reclama una actitud superadora y de fortalecimiento", agregó el letrado.
También comentó Picón que los infractores son anoticiados que la salida alternativa no es una obligación, sino optativa y queda al libre albedrío de los mismos.
Depósito
El protocolo diseñado para que se hagan efectivos los pagos prevé que una vez que el infractor de la cuarentena hace el ofrecimiento económico, si desde el Ministerio Fiscal se acepta el mismo, se acuerda prescindir de la acción penal en su contra, una vez que esté formalizada la transferencia o el depósito bancario en la cuenta del SIPROSA. La comprobación de tal diligencia se hace tras la remisión de una fotografía del anverso y reverso del comprobante de depósito que es recepcionado y verificado por la Fiscalía Especializada en Salud Pública. Recién, en ese momento, se procede a la devolución del rodado o el levantamiento de la clausura, según corresponda.
En el caso de los individuos es el mismo trámite. “No se trata que las personas pagan para recuperar su libertad. Cuando se les otorga el cese de prisión, pueden pasar 10 o 15 días sin que reaccionen. En esa instancia el Ministerio Fiscal conforma el Acta de Información, en la que consulta al infractor la actitud a asumir, al tiempo que le pone en conocimiento los derechos que le asisten con la continuidad de la causa pena en su contra”, cerró Picón.