Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal avalaron cambios al proyecto impulsado por el oficialismo.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II. La iniciativa forma parte del paquete de reformas del oficialismo.
Las comisiones están presididas por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
El dictamen de mayoría reunió 44 firmas y el proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto el próximo 26 de agosto. La iniciativa introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural, en el marco del denominado régimen de Inocencia Fiscal.
Del total de firmas, 32 corresponden a diputados de La Libertad Avanza, cuatro al PRO, dos a la UCR, una al MID, una al bloque Independencia, dos a Innovación Federal y una a Producción y Trabajo de San Juan. Además, el texto cuenta con una firma en disidencia parcial de Provincias Unidas.
El dictamen mayoritario incorpora una serie de correcciones orientadas, según el texto, a brindar “máxima certeza jurídica” a los contribuyentes cumplidores, reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y establecer una exclusión para que ningún funcionario público pueda ampararse en los beneficios del régimen.
“Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”, expresó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
Exclusión de funcionarios públicos
Uno de los principales cambios incorporados al dictamen surgió a partir de las propuestas de los sectores dialoguistas y de la búsqueda de consensos. En ese marco, La Libertad Avanza aceptó una de las modificaciones centrales ratificadas por el plenario: la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.
La exclusión alcanza a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
En el Poder Ejecutivo, la medida contempla a funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Poder Legislativo, quedan incluidos los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, los concejales municipales y los parlamentarios del Mercosur.
También están comprendidos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de todas las jurisdicciones. A su vez, la exclusión alcanza a los órganos de control y enjuiciamiento, entre ellos los defensores del Pueblo y sus adjuntos, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los miembros de los Jurados de Enjuiciamiento.
El texto establece que los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como un canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente. Sin embargo, no podrán acceder a la presunción de exactitud, a la liberación de fiscalizaciones ni a ningún otro beneficio o inmunidad tributaria previsto por el régimen.
Rodríguez Machado remarcó el alcance de la modificación. “Los funcionarios no entran en este régimen, la exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”, sostuvo.
El rechazo de Unión por la Patria
Durante el debate en comisión, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto, junto con Ariel Rauschenberger, fundamentó el rechazo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Castagneto también cuestionó el proceso de modificación del texto y afirmó que los cambios introducidos a la Ley de Inocencia Fiscal no eran conocidos por todos los integrantes de la comisión. En ese sentido, sostuvo que “los libertarios cambian los dictámenes 17 veces como en el Senado, y encima no está la diputada Silvana Giudici (de LLA) para explicarlo”.
La diputada porteña de La Libertad Avanza se encontraba en ese momento consensuando, además, el proyecto de Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.
Castagneto también cuestionó el alcance del régimen y consideró que el proyecto limita las posibilidades de fiscalización e investigación por parte del Estado.
“No hay condiciones propias de una fiscalización, de una investigación. Se incorporan grandes contribuyentes, y es un sistema que perjudica a la recaudación, ya que siempre sostuvimos que tienen que pagar los que más tienen y acá lo que hacen es un tapón fiscal donde no se va a investigar ni a fiscalizar”, manifestó el diputado de Unión por la Patria.
