La situación escaló de manera vertiginosa tras la negativa del presidente Santiago Peña de reconocer cualquier tipo de implicancia en el caso. Tal como detallan los reportes desde Asunción, el oficialismo intentó inicialmente buscar una salida negociada, pero la falta de consenso con los legisladores cambió drásticamente el panorama:
"Supimos que el Presidente se reunió con diputados. Finalmente no lograron convencer a estos diputados. Después supimos que los diputados oficialistas le estaban pidiendo que renuncie", señaló el cronista, al relatar cómo el Partido Colorado terminó por avalar el avance opositor.
Con 78 votos a favor —la unanimidad de los presentes—, la Cámara de Diputados aprobó la apertura del proceso de juicio político. En el compás de espera hasta la sesión definitiva del Senado, la discusión central gira en torno a las garantías jurídicas y políticas que deja cada formato de salida:
"¿Qué cambia con esos dos modelos? Si Peña se acepta la renuncia, Peña va a convertirse en senador vitalicio, tiene fueros y va a ser complicado que hay que después sacarle los fueros con otra sesión para que la justicia pueda iniciar un proceso de investigación. Si Peña es destituido, queda como un ciudadano común, no hay ningún impedimento legal e inmediatamente la Fiscalía puede iniciar un proceso de investigación".
De acuerdo con las previsiones legislativas y políticas, la transición se completará de inmediato: Pedro Alliana, actual vicepresidente, asumirá la primera magistratura para gobernar hasta agosto de 2028.
En paralelo al terremoto político, el sistema financiero nacional puso en marcha un operativo de urgencia coordinado por el Banco Central del Paraguay (BCP). A través de una aplicación digital específica, 1.900.000 personas afectadas por el congelamiento de fondos comenzaron a canalizar la recuperación de su dinero respaldadas por el Fondo de Garantía de Depósitos.
El esquema implementado por las entidades bancarias contempla plazos estrictos y un tope de cobertura:
"Los bancos tienen por ley, por una ley que se aprobó ayer en el Congreso, cinco días hábiles para terminar el proceso del pago del adelanto", explicó el periodista sobre la rapidez con la que se intenta descomprimir la crisis social.
No obstante, quienes posean saldos superiores a los 40.000 dólares deberán someterse a un proceso judicial y administrativo más extenso:
"En ese caso va a tener que esperar el proceso de liquidación total del banco para que se recuperen todos los activos, para que se puedan liquidar todas las propiedades que tiene el banco, y ahí ir viendo cómo se va a ir devolviendo esos montos restantes".
El impacto macroeconómico y la preocupación por los fondos públicos
La quiebra de ueno Bank representa un golpe inédito para la plaza financiera paraguaya, que acumulaba más de 23 años de estabilidad en su sistema de intermediación. Además de los ahorristas particulares, se analiza con extrema lupa la recuperación de 800 millones de dólares en fondos estatales, de los cuales 348 millones corresponden a reservas previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS). Si bien las autoridades garantizaron el pago regular a los jubilados, la urgencia pasa por sancionar normativas especiales que blinden los recursos públicos de las pérdidas definitivas.
El balance de este revés institucional y financiero deja una profunda marca en las perspectivas de desarrollo del país:
"Lamentablemente esto ha venido a enturbiar un poco todo lo bueno que se venía experimentando en nuestro país, en un país que este año está previsto que va a crecer 5%. Ojalá esto se pueda resolver de la mejor manera posible y no termine por significar una pérdida, un retroceso de todo ese avance económico que ha tenido Paraguay en los últimos años", concluyó Samuel Acosta.
