El Ministerio de Economía calcula que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría generar una pérdida de USD 575 millones, aunque la cifra depende del nivel de acatamiento. La protesta, impulsada en rechazo a la reforma laboral, coincide con la persistente incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde aún falta el dictamen de comisión para tratar el proyecto.
Según fuentes oficiales de Economía consultadas por Infobae, el impacto estimado responde a proyecciones sectoriales que consideran la adhesión variable de cada rubro, en un contexto atravesado por la presión sindical y el reciente cierre de la fábrica FATE. Una fuente del Ministerio precisó que el cálculo “da aproximadamente USD 575 millones, asumiendo un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, según la actividad”. Así, el paro se perfila como uno de los más costosos de los últimos años, aunque proporcionalmente menor respecto de huelgas anteriores con mayor participación.
La información se difundió tras la confirmación del paro nacional por parte de la CGT, que responsabilizó al Ejecutivo por el cierre de FATE y lo presentó como muestra de la crisis industrial. La central obrera sostuvo que la decisión empresarial constituye una señal de alerta para el sector manufacturero y atribuyó la situación al “fracaso del plan económico del Gobierno”. El objetivo de la medida es expresar el rechazo sindical a la reforma impulsada por el Gobierno, que, según la CGT, pone en riesgo derechos laborales y podría agravar la pérdida de empleo. En su comunicado, la central sindical describió la clausura de FATE como un llamado de atención para el sector productivo y respaldó el paro como respuesta ante el “fracaso del plan económico del Gobierno”.
La CGT vinculó la convocatoria con el cierre de FATE y la situación de la industria, argumentando que el evento refleja las dificultades que enfrenta el sector productivo ante el contexto económico y los cambios en la legislación laboral. Representantes sindicales definieron el paro nacional como una herramienta legítima para la defensa del empleo y las condiciones laborales.
Huelgas previas
Las huelgas generales previas convocadas por la CGT y otras organizaciones sindicales generaron pérdidas de hasta USD 544 millones, cifra registrada durante la medida del 9 de mayo de 2024, según datos del Instituto de Economía de la UADE. En esta ocasión, se anticipa un menor nivel de acatamiento y el Gobierno presiona por la no adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la amenaza de quitarle la personería jurídica al encontrarse en conciliación obligatoria.
En 2025, el paro del 10 de abril sirvió como antecedente para analizar estas variaciones. En esa oportunidad, el funcionamiento habitual de los colectivos amortiguó la caída de la actividad, con un costo económico de USD 194 millones, equivalente al 6,4% del PBI diario. No obstante, los modelos técnicos advirtieron que, sin transporte, esa jornada habría costado USD 539 millones, casi el triple, lo que subrayó la importancia de la movilidad para el comercio y la industria.
Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó la dinámica estructural de estas protestas. El economista indicó: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones”. Esta estimación coincide con el impacto de otros paros masivos, como el del 9 de mayo de 2024, cuando la inactividad total generó una pérdida de USD 544 millones, alcanzando el 24,3% del PBI de ese día.
El factor determinante para el jueves próximo residió en la presencia de los colectivos en las calles: y los gremios de transporte ya anunciaron que adherirán. Álvarez destacó este punto al señalar: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”. Esta previsión colocó a la medida de fuerza en el rango más alto de impacto económico, debido a que la falta de transporte impidió que los empleados de sectores no sindicalizados llegaran a sus puestos de trabajo.
Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano, destacaron que está vigente la conciliación obligatoria y que, por lo tanto, no deberían adherir porque, de lo contrario, corren el riesgo de que se les quite la personería jurídica (representación sindical). Mientras que en el sindicato que conduce Roberto Fernández guardan silencio.
El escenario actual se diferencia de protestas anteriores por el menor nivel de adhesión previsto, la coyuntura industrial y el clima político. La CGT reiteró que el cierre de FATE es un mensaje de advertencia para el empleo y la producción, mientras que el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar con la reforma laboral.