A la protesta del miércoles se sumará una nueva medida anunciada por Conadu Histórica, que convocó a un paro de cinco días entre el 18 y el 22 de agosto.
Los reclamos de los gremios
El conflicto universitario tiene varios frentes abiertos. Los sindicatos reclaman la actualización urgente de los salarios, el pago de la deuda acumulada con los trabajadores y la aplicación de la legislación vinculada al financiamiento de las universidades.
También exigen la transferencia de fondos destinados a los hospitales universitarios, luego de denunciar el incumplimiento de un acuerdo suscripto previamente con el Ejecutivo.
Según los gremios, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario hace casi 300 días, pero sus disposiciones todavía no fueron implementadas.
A esto se suma una medida cautelar que, según las organizaciones sindicales, obliga al Estado a actualizar los salarios de los trabajadores universitarios tomando como referencia noviembre de 2023.
Paro de cinco días
Desde el sector no docente, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) formalizó la convocatoria al paro del 12 de agosto luego de una reunión de su Consejo Directivo.
En el ámbito docente, Conadu Histórica decidió profundizar el conflicto y anunció una huelga de cinco días consecutivos entre el 18 y el 22 de agosto.
La federación justificó la extensión de la protesta en la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en el deterioro del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.
Según las estimaciones difundidas por el gremio, la pérdida acumulada en los ingresos del sector alcanzaba el 28,5% al cierre de junio.
Los sindicatos también destacaron una reciente medida cautelar vinculada al conflicto, que consideraron un resultado de la movilización del sector.
Con este escenario, las universidades públicas afrontarán nuevas jornadas de interrupción de clases y actividades administrativas durante agosto. Los gremios anticiparon que mantendrán y profundizarán las medidas de fuerza si el Gobierno no abre una instancia de negociación que permita discutir la recomposición salarial y el financiamiento del sistema universitario.
