La cartera oficial sostuvo que la fecha de la negociación responde al cronograma previsto y que la Subsecretaría de Políticas Universitarias actuó de acuerdo con la normativa vigente y con las disposiciones judiciales. Por eso, calificó el paro como una medida política y negó que exista una falta de convocatoria.
Los gremios tienen otra lectura. Desde hace meses reclaman una actualización de los salarios universitarios para recuperar poder adquisitivo y cuestionan la demora en la discusión. El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades nacionales y a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
"El aumento fue del 21 % con la promesa de que el 3 % restante lo darían en octubre/noviembre. El Gobierno hizo ese incremento con un acta que desde ADIUNT hemos denunciado y CONADU Histórica no firmó porque era una maniobra donde pone condicionantes que deben firmar todas las federaciones sino no se otorga el incremento", manifestó en LV12, Anahí Rodríguez, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo.
Con respecto a la convocatoria del 1 de septiembre, dijo que no recibieron nada. "Tendremos alguna instancia de CONADU Histórica y ahí nos enteraremos, pero el problema es que para este Gobierno la paritaria está siendo concebida como una suerte de mesa técnica donde impone y no hay una discusión de paritaria ya sea de acuerdo o rechazo".
Paro nacional para este miércoles
"Mañana miércoles hay un paro nacional convocado por la mayoría de las federaciones universitarias tanto docentes como no docentes. En el caso de la ADIUNT adherimos a este paro de 24 horas y nos preparamos para otro que será del 18 hasta el 22 de agosto que ha discutido y votado el Congreso de CONADU Histórica", confirmó Rodríguez.
En este contexto, dijo que "esto forma parte de un plan de lucha para que se cumpla efectivamente la ley de financiamiento universitario. Dentro de un mes y medio va a cumplir un año que fue aprobada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y con dos fallos de la Justicia".
Para Rodríguez, "el gran problema por parte de la Justicia es que no generó plazos ni intimación al Gobierno si no cumple con la ley. Eso no quedó claro, entonces por eso está todavía en el ámbito judicial y mientras tanto el salario se va deteriorando".
"Nuestro salario sigue perdiendo frente a la gran inflación que está habiendo y los trabajadores lo sentimos en los bolsillos", cerró.
