Tucumán fue la primera provincia del país que decidió, por un decreto del Gobierno, implementar el pase sanitario para asistir a determinados eventos que pueden representar cierto riesgo epidemiológico por la cantidad de personas que involucran. La medida abre el interrogante respecto a si se trata de una decisión contraria a la ley ante quienes consideran que ven afectados sus derechos individuales.
Martín Viola, docente de Derecho Constitucional y Master en Derecho Parlamentario, explicó en Radio Continental Tucumán, algunos aspectos legales sobre la medida que rige desde ayer en la provincia de Tucumán. En primer lugar aclaró que el pase sanitario no implica la obligación de vacunarse. "El acto de vacunarse tiene un doble aspecto. Un aspecto individual que tiene que ver con la disposición del propio cuerpo, y que yo ahí sí coincido que cualquier Estado que obligue e vacunarse a una persona, estaría incurriendo en una ilegalidad o inconstitucionalidad", detalló. Y señaló que también el hecho de vacunarse tiene otro plano que es el colectivo. "Es decir que lo que yo haga con mi propio cuerpo y lo que haga posteriormente, tiene repercusión frente a terceros y ahí es donde entra la cuestión del pase sanitario", añadió.
El letrado señaló que en este caso puntual, la jurisprudencia y la normativa ha sido pacifica y continua en afirmar, básicamente, que cualquier derecho constitucional no es absoluto ya que siempre el interés general debe primar sobre el derecho individual. En ese sentido, consideró que con la medida que dictó el Gobierno provincial se abre otra discusión que es si la limitación de derecho debe ser por decreto o por ley. "Personalmente yo pienso que es mas prolijo que sea por ley. Pero también es verdad que está comprobado que hubo un incremento del 80% en el numero de casos de covid con respecto a la semana anterior en la provincia de Tucumán, y a mi criterio no es desacertado que por DNU lo haga el gobernador, ya que están reunidos los argumentos de imposibilidad de seguir los tramites orgánicos de la Legislatura", expresó. Y agregó que el propio decreto establece que el pase es hasta el 31 de diciembre: "no es una medida que llegó para quedarse". El abogado comentó que a partir del 1 de enero de 2022, deberá ser la Legislatura el organismo que termine implementando o rechazando el pase sanitario. Todo este análisis, Viola lo encuadra dentro del punto de vista del ciudadano.
Desde el vista del empresario no hay que olvidarse del derecho de admisión, sostiene el profesional. "Si le reconocemos el derecho de admisión al empresario o al titular de un evento público, porque no podemos reconocer en este caso que pida un determinado pase sanitario. No pienso en un primer análisis que sea anticonstitucional", consideró. Y allí puntualizó que son los jueces los que tienen que decir si esto es así o no, y hasta el momento no hay ningún planteo judicial. "Y cuando el Poder Judicial se pronuncie habrá que ser respetuoso de su decisión, si es o no ilegal esta medida", amplió.
El poder de Policía para exigir el pase sanitario
En este aspecto, Viola aclaró que el poder de Policía siempre ha sido una función del Estado provincial, incluso que se ha delegado al Estado municipal. Y que en esta oportunidad, delegar ese rol a los organizadores de un evento, es una situación que representaría ciertos cuestionamientos legales. "Es uno de los aspectos claros a mejorar del propio decreto", aseveró.
El juez decide la constitucionalidad de una normativa
El letrado dijo que todas aquellas personas que consideran que el pase sanitario significa una limitación a sus derechos, y que se trata de una posición que debe tomarse como válida, deberían actuar en forma republicana e institucional y hacer un planteo judicial al respecto. "Ahí un juez, determinará si el decreto es válido o no", explicó.
El interés general por encima del derecho individual
Viola mencionó el artículo 19 de la Constitución Nacional que habla de las acciones privadas de las personas. "El derecho a la libertad que es un derecho sagrado para nosotros, también tiene sus límites. No es que yo bajo el argumento del derecho a la libertad puedo hacer lo que quiera, menos aún cuando puede crear consecuencia contra terceros. Si yo no me quiero vacunar y me quiero quedar encerrado en mi casa es una decisión totalmente válida y es un ejercicio de la libertad. Pero desde el momento que yo tengo la posibilidad de contagiar a un tercero y salgo a la calle, ya ese derecho individual de si me quiero o vacunar o no tiene otro aspecto que es si contagio a un tercero o no", analizó.
Por esa razón, consideró que es razonable de que pueda restringirse en algún punto el acceso a determinados lugares a aquellos que no quieran vacunarse justamente para proteger el interés general por encima del derecho individual de cada uno.
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