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La UNESCO lucha por la protección de las personas defensoras del ambiente

Se firmó un tratado regional que busca que los Estados garanticen la libertad de expresión y el respeto a la vida de las personas defensoras del ambiente.

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH–UNESCO) desarrolla en todo el país una articulación de acciones en materia de protección ambiental que se hará extensiva a toda la región. Se trata de la difusión del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca que los Estados garanticen la libertad de expresión y el respeto a la vida de las personas defensoras del ambiente, como así también la consolidación de la Democracia Ambiental.

El último informe de Global Witness, una ONG internacional que lucha contra la explotación de los recursos naturales, la pobreza, la corrupción y los abusos en todo el mundo publicado en septiembre de 2021, agudizó la preocupación del organismo de las Naciones Unidas por la cantidad de ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020.

Fernanda Gil Lozano, Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO, señaló que “el trabajo volvió a mostrar cuantitativamente lo dramática que es la situación para los ambientalistas de la región” y agregó que “América Latina y el Caribe constituyen el territorio donde se registra la estadística más alta en agresiones, persecución y asesinato de personas defensoras del ambiente”.

Según el estudio, las tres cuartas partes de los homicidios del planeta sucedieron en Latinoamérica, mostrando que hubo unos 165 asesinatos en la región, por sobre un total de 227 ataques mortales registrados en todo el mundo.

Los datos muestran, además, un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo, con un promedio de más de cuatro asesinatos por semana, perpetrados sobre quienes defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son fundamentales para la biodiversidad y el clima.

De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. Colombia aparece como el país con mayor cantidad de hechos, con 65 personas asesinadas. Un tercio de estos crímenes fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.

En Nicaragua se registraron 12 asesinatos, por lo cual, considerando los asesinatos per cápita, se convirtió en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

Gil Lozano detalló que “entre las personas que fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70% trabajaba para defender los bosques de la deforestación”. Al respecto, la funcionaria también explicó que “estos ataques ocurren por lo general en un contexto de amenazas, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización”.

Asimismo, destacó “la lucha de defensores y defensoras de los derechos humanos en materia de asuntos ambientales”, sobre quienes resaltó que “alzan su voz en contra del avance sobre la naturaleza y la crisis climática''. En esa línea, también remarcó la importancia de que “desde los Estados se garantice la protección de la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que puedan tener impacto en el ambiente”.

En ese marco, el CIPDH-UNESCO lanzó a fines de mayo pasado el Programa de Formación Ejecutiva denominado “Ambiente y Derechos Humanos: una aproximación a los principios del Acuerdo de Escazú”, dirigido a todos los gobiernos locales de la región, basado sobre el mencionado tratado internacional que fue firmado en 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe.

La iniciativa del organismo comenzó a implementarse en Argentina, donde su primera cohorte contó con la participación de representantes de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Brandsen, Ezeiza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Morón, Ituzaingó, Merlo, General Rodríguez, San Antonio de Areco, Escobar y Chacabuco.

De este modo, nuestro país aparece como la piedra fundacional para las siguientes ediciones del programa, que se realizarán durante agosto y octubre, y en las que podrán inscribirse todos los gobiernos locales de América Latina y el Caribe.

Finalmente, Fernanda Gil Lozano manifestó que “con este plan de formación que comenzó en Argentina, pero que llegará a todos los rincones de América Latina, se busca generar espacios de intercambio y cooperación entre todos los gobiernos, que permitan implementar mecanismos de participación pública y consoliden la democracia ambiental en toda la región”.

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