Luego de ser promulgada por el Ejecutivo provincial, el gobierno de Juan Manzur está definiendo la instrumentación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
"Estamos terminando de redactar la reglamentación. Va a decreto para la firma del gobernador. Las autoridades de aplicación van a ser el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de Derechos Humanos, y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de la Mujer", aseguró la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse.
"Tenemos mucha premura en poder empezar con estas capacitaciones. Ya tenemos una fecha en convenio con la Universidad Nacional de Tucumán. mañana hay una importante reunión con la doctora Adela Seguí para que podamos hacer una capacitación para la universidad y para la administración pública provincial con fecha de inicio el 2 de junio a las 11 de la mañana", agregó la funcionaria.
Recordó que si bien la la ley establece que la responsabilidad está puesta en cada una de las cabezas de los poderes, "desde el Poder Ejecutivo ponemos toda nuestra estructura y predisposición para poder realizar convenios y poder capacitar a otros poderes del Estado si así lo requieren".
Respecto a la situación en los distintos municipios en cuanto a las capacitaciones, dijo que trabajan junto al Ministerio del Interior para poner a disposición de las comunas rurales todo lo que es el Poder Ejecutivo y poder hacer algunos convenios con los municipios.
Ley Micaela
Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
La Ley 27.499 propone lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.
Se busca transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.
Fue promulgada el 10 de enero de 2019 y a un año de su vigencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional se capacitaron en los términos de esta ley. Ya adhirieron todas las provincias y más de 600 municipios.
En Tucumán, el Parlamento sancionó la normativa el pasado jueves 21 de mayo y un día después el Ejecutivo, a cargo de Manzur, la promulgó.