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Incendios en Córdoba: "El presupuesto no ha sido actualizado"

Hernán Giardini habló con LV12 sobre la falta de financiamiento al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, cuyo presupuesto se encuentra subejecutado.

La cámara de Diputados sancionó pasada la medianoche la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días en las zonas afectadas por los incendios en la Provincia de Córdoba. El proyecto se aprobó por unanimidad contando con 218 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, por lo que el Ejecutivo deberá destrabar fondos extra para atender la catástrofe ambiental que atraviesa la provincia.

En este marco, LV12 Radio Independencia se contactó con Hernán Giardini, Coordinador campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

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"Obviamente hay una reducción de presupuestos en muchas materias en términos ambientales, por un lado lo que es bosques, es un presupuesto que vota el Congreso y no han sido actualizados respecto a la inflación, no está siendo completados tampoco y obviamente el manejo del fuego es un tema importante, porque también es el presupuesto para parques nacionales", comentó.

Está muy bueno que se haya declarado la emergencia porque eso le facilitaría al Poder Ejecutivo disponer rápidamente de nuevos fondos del estado nacional, pero podría no suceder y que siga estando con esta tesitura de no aumentar el gasto para este tipo de situaciones, no garantiza lamentablemente que esta ayuda llegue y sobre todo pensando a futuro.

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En esta misma línea agregó: "Obviamente los incendios en Córdoba son una catástrofe, es terrible lo que ha sucedido, hay también una responsabilidad de cada una de las provincias de frente a la crisis climática que estamos, frente a la sequía que va a generar que cada foco que aparezca se transforme en un gran incendio, cada una de las provincias debería tener una cantidad importante de brigadistas e infraestructura para el combate del fuego y no estar dependiendo de la ayuda de Nación, ni de la colaboración entre provincias como es el sistema de manejo del fuego".

Y continuó: "En general las provincias están con insuficiente cantidad de brigadistas e infraestructura para afrontar incendios en sus provincias con superficies de bosques importantes o pastizales que pueden prenderse fuego. Así que nosotros hacemos hincapié en una responsabilidad importante de Nación en no reforzar su presupuesto, pero también de las provincias de estar mucho más capacitadas y obviamente hace tiempo le venimos pidiendo al Congreso de la Nación, la necesidad de reforzar las penas en la destrucción de bosques".

"Todo lo que es incendio y el desmonte ilegal de bosques, no están tipificados como un delito pena, con lo cual el sistema de multas no va a estar sirviendo para penar mucha de la destrucción que estamos teniendo de bosques. Ahí también hay una tarea importante para el Congreso que viene hace por lo menos diez años sin debatir los distintos proyectos que quisieron penalizar a la destrucción de los bosques", indicó.

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Foto: Tiempo Argentino.

Foto: Tiempo Argentino.

Los riesgos ambientales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene por objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.

El entrevistado sostiene que la adhesión al RIGI sólo beneficia a los grandes capitales, promoviendo la concentración de la renta y la riqueza: "Es una iniciativa que lo que busca es atraer grandes inversiones, sobre todo en temas relacionados con minería y petróleo, si bien han agregado la cuestión agroforestal, es difícil una inversión agroforestal de más de 200 millones de dólares, que es el número con el cual entra en el RIGI la corporación".

"Lo que implica en un principio, es que la empresa tiene de alguna forma, una reducción muy importante de los impuestos, con lo cual a algunas de las provincias lo único que les va a generar es movimiento económico, obviamente algún movimiento de contrato de trabajo de gente y reactivación de algún sector respecto al movimiento empresarial", añadió.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos.

"Por otro lado, a las empresas les da prioridad en el uso de recursos pro sobre la población, algo totalmente ridículo y por otro lado una cierta impunidad en términos ambientales porque cualquier conflicto que tuviera la empresa, cualquier daño ambiental, se dirime según lo que se sancionó en organismos internacionales", finalizó.

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