Intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Susana Elena Cordisco, con participación de la auxiliar de fiscal Lourdes Correa, quienes impulsaron la investigación, reunieron evidencias clave y llevaron el caso a una resolución rápida mediante el procedimiento abreviado.
Según la acusación del MPF, el episodio ocurrió el 3 de noviembre de 2025, alrededor de las 03:00 de la madrugada, en un domicilio ubicado sobre calle Crisóstomo Méndez al 300, en Banda del Río Salí. En esas circunstancias, Mansilla llegó hasta la vivienda y, utilizando un elemento contundente, rompió la puerta de ingreso para entrar de manera ilegítima. Una vez dentro del inmueble, portaba un destornillador. El imputado se dirigió directamente al dormitorio donde se encontraban integrantes del grupo familiar, incluidos menores de edad. Allí, tomó de la remera a un niño de 5 años y lo amenazó con matarlo con el destornillador, mientras exigía dinero. Ante el temor generado, la víctima entregó $3.000. Luego, el acusado se desplazó hacia el comedor y, antes de huir, sustrajo una bicicleta marca Kany Team, rodado 29, color negro con detalles rojos y grises, dándose a la fuga del lugar mientras profería amenazas intimidantes.
La investigación
Tras la denuncia, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda. Gracias al trabajo articulado entre el MPF y el personal preventivo, Mansilla fue localizado y aprehendido a pocas cuadras del lugar del hecho, cuando circulaba con la bicicleta sustraída, la cual fue recuperada y posteriormente restituida.
Durante la investigación, la Fiscalía reunió testimonios presenciales, actas policiales, informes periciales, inspecciones oculares y registros fotográficos del domicilio violentado, además del secuestro de prendas utilizadas al momento del ataque. Todo este material probatorio permitió sostener con solidez la imputación.
Asimismo, el MPF incorporó los antecedentes del acusado, quien ya registraba condenas previas, reforzando el pedido de una pena efectiva. Con el cúmulo de evidencias reunidas, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II impulsó el acuerdo de juicio abreviado, que fue aceptado por el imputado, quien reconoció su responsabilidad penal.
Finalmente, se impuso la pena de cinco años de prisión efectiva, más costas procesales.