Esta última semana, la demanda por aumento salarial por parte de la Policía bonaerense, el consecuente conflicto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y, principalmente, su resolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional, desencadenaron debates y reflexiones en torno a un tema que no afloraba hacía tiempo: la coparticipación. Qué es, cómo se calcula este reparto establecido en 1988 que siempre es motivo de controversias.
En el año 1988 se sancionó la Ley 23.548, ratificada posteriormente en la Reforma Constitucional de 1994 en el Artículo 75, inciso 2 sobre las atribuciones del Congreso Nacional. La misma estableció el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias, mejor conocido como “régimen de coparticipación federal”. Su objetivo era reducir las asimetrías existentes entre las provincias y sus economías.
La cantidad fondos a distribuir está integrada por lo recaudado de los denominados impuestos coparticipables, entre los que se encuentran el IVA y el impuesto a las ganancias. Otros, como los derechos de importación y exportación, están exceptuados. De lo recaudado, una parte va para el Estado nacional y el resto se reparte a las provincias, en porcentajes diversos. Nuestra Constitución Nacional establece que la distribución de los recursos coparticipables tendrá el objetivo de ser “equitativa, solidaria y dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, lejos estamos aún de dicha meta que, en los últimos años, con las sucesivas modificaciones, más se fueron acrecentando, priorizando principalmente al distrito más rico del país, en detrimento de los otros 23. Así lo manifestaron 19 de los actuales 24 jefes de Estados subnacionales, quienes elaboraron un comunicado dirigido al presidente Alberto Fernández para manifestarle su apoyo ante la decisión del último miércoles. Allí respaldaron la medida en pos de una corrección progresiva de las desigualdades que se presentan en nuestro país. A su vez, llamaron a abrir el diálogo sobre la distribución de los recursos, evitando favoritismos. Y recordaron las últimas modificaciones realizadas a los montos coparticipables que favorecieron, una vez más, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dese 1983, fueron pocas las provincias beneficiadas con el cambio en el régimen de coparticipación. Entre ellas, la CABA, siendo el distrito con más presupuesto por habitante del país, fue la que sacó más ventaja.
Atendiendo a las necesidades regionales, no todas las provincias reciben iguales porcentajes. Para algunas de ellas, los ingresos producto de la coparticipación representan el 90% de sus recursos. Para otras, menos. Sin embargo, en promedio, la relevancia de esta recaudación es tal que implica el 71% de los recursos provinciales.
Como se establece en el comunicado citado, la coyuntura económica y social producto de la pandemia vuelve aún más necesario el debate por un reparto que apunta a reducir las desigualdades estructurales y garantizar a todos y todas las argentinas los mismos derechos y oportunidades. Evaluar cada caso, la posibilidad de los distintos niveles del Estado, para conocer a ciencia cierta cuáles están en condiciones de brindar a sus ciudadanías en calidad y cantidad garantías de derechos, resulta indispensable para analizar y actualizar el reparto de recursos entre las provincias. Para que el federalismo trascienda una mera posición discursiva y se traduzca en igualdad de posibilidades a lo largo y ancho de la Argentina.
- Columna de opinión de María Emilia Reiszer