Mayra Latina Luna habló con LV12 sobre la pretensión de bajar la edad de punibilidad y el compromiso de Argentina de legislar en materia de derechos humanos.
Desde el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona informaron que impulsarán durante este año, la baja de punibilidad a los 14 años de edad.
En este contexto, LV12 Radio Independencia dialogó con Mayra Latina Luna, abogada integrante del área de Niñez y coordinadora del área de Seguridad de la Asociación Andes: "La propuesta no es nueva, usualmente se hace en campaña, en época electoral, ellos la vienen haciendo, que consiste en bajar la edad de punibilidad, que es la edad en la que los adolescentes pueden ser penados. Actualmente la edad de punibilidad está en 16 años mínimo y la propuesta es bajarla a 14 años, presentándola como una solución mágica al problema de la delincuencia juvenil".
Latina Luna informó que desde las organizaciones de derechos humanos realizan "una lectura del marco normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los tratados que Argentina ha ratificado e incorporada en la Constitución Nacional".
Asimismo, su incorporación a la Convención de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño, donde se habla de la edad de punibilidad y alienta a los estados a no bajar la edad y sí elevarla, ya que esto conlleva a una mayor protección a la niñez y a la adolescencia.
Por estos motivos, la iniciativa es una propuesta "ilegal e inconstitucional", que además no es "una verdadera solución al problema de la delincuencia juvenil, tampoco de la inseguridad sino que busca seguir incluyendo adolescentes pobres al problema penal, donde nunca salen de el".
De esta forma, destaca que esta propuesta responde lógica y coherentemente al "marco de la línea política de este Gobierno", un marco de mayor punitivismo, mano dura y negación de la justicia social.
"Son propuestas demagógicas pero no son verdaderas soluciones y los estados, sobre todo nuestro país y provincia, deberían propiciar que los niños y adolescentes, tengan la posibilidad de una alimentación adecuada, la posibilidad de asistir a la escuela primaria y secundaria y que su familia acceda a condiciones mínimas de vida digna. Todas esas son políticas acordes a una prevención porque un adolescente con todo esto, tiene menos posibilidad de transgredir la ley o más posibilidades de pensar en un proyecto personal de vida. A eso es lo que los estados deberían apuntar, a fortalecer el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes", agregó.
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