El año pasado, y mediante la Ley Bases, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral, incluyendo la promoción del empleo registrado, la creación de una figura de trabajador independiente con colaboradores y modificaciones en la indemnización por despido, entre otros.
Según analistas, no debe extrañar que el trabajo "no registrado" se haya triplicado desde comienzos de los años noventa y que, aseguran, “la CGT y las entidades empresarias coinciden en que los fallos de la justicia laboral tienen montos exorbitantes, desproporcionados y arbitrarios que destruyen empresas y puestos de trabajo”.
Fuentes empresarias comentan que, en la actualidad, entre los impuestos al trabajo y los riesgos legales de contratar personal, es casi imposible arrancar un emprendimiento pyme.
La fuente consultada en Casa Rosada asegura que al analizar fallos de despido, con trabajadores convencionados de menos de cinco años de antigüedad, con sentencia final por más de $300.000.000 que representaban 150 veces el valor del reclamo original, fueron receptados por la Corte Suprema como arbitrarios, mandándose que se dicte nueva sentencia.
La denominada "industria del juicio" representa “uno de los principales desafíos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina”, señala un informe de Marcelino Abdala a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado.
El informe señala que, en 2024, los juicios laborales alcanzaron un récord de 125.842 casos, con un aumento del 7% respecto al año anterior. Para 2025, se proyecta que las demandas laborales superen las 132.000.
En Argentina existen aproximadamente 400.000 pymes, con un promedio de 10 empleados cada una. El informe advierte que, si solo el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar por juicios laborales, el impacto alcanzaría a 800.000 puestos de trabajo.
