El fiscal de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, Carlos Saltor y la auxiliar fiscal Jorgelina Gil lograron, en tiempo récord, la condena de una mechera reincidente que junto a una cómplice que bloqueaba la visión de los empleados, robó mercadería de un local comercial en la capital tucumana.
El Ministerio Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, logró la condena de Paola Vanesa Molina (40) a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. La resolución del caso fue encabezada por el fiscal titular Carlos Saltor, y la auxiliar fiscal, Jorgelina Gil, quienes lograron articular un convenio de juicio abreviado el 18 de agosto de 2026, apenas días después de ocurrido el ilícito.
El hecho investigado y detallado por la fiscalía tuvo lugar el 12 de agosto de 2026, alrededor de las 15:00 horas, en un local comercial de calle Benjamín Aráoz de la capital tucumana.
La maniobra delictiva de ambas mujeres consistía en que una de ellas (aún no identificada) utilizó su propio cuerpo para obstruir la visión del personal del comercio. Este accionar de ocultamiento permitió que su cómplice, Paola Vanesa Molina, se apoderara ilegítimamente de cinco cajas que contenían productos de maquillaje y pestañas postizas. La imputada ocultó rápidamente la mercadería en una bolsa de plástico que llevaba consigo. Acto seguido, ambas mujeres abandonaron el comercio llevándose los elementos sin abonar su valor, una secuencia que quedó íntegramente registrada por las cámaras de seguridad del local.
La rápida intervención de la fiscalía fue clave para convalidar la aprehensión de la acusada, la cual se produjo al día siguiente por personal policial del Grupo Antimecheras. La mujer fue identificada en las inmediaciones del comercio luego de que los empleados la reconocieran y aportaran los registros fílmicos del hecho.
En la formulación del acuerdo, la auxiliar fiscal, expuso de manera contundente el plexo probatorio, encuadrando el hecho bajo la figura de hurto simple en calidad de coautora. Además de lograr la pena de prisión efectiva, el Ministerio Fiscal solicitó expresamente que se declare la reincidencia de la condenada, fundamentado en que la mujer ya registraba antecedentes y condenas previas por delitos contra la propiedad.
Las partes acordaron renunciar a las vías impugnativas, por lo que la sentencia adquirió firmeza de manera inmediata.