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Piden prisión preventiva contra el acusado por un millonario robo

Se realizó una audiencia con el objeto de formalizar la aprehensión, formular cargos y pedir medidas de detención contra el acusado por un millonario robo.

El Ministerio Fiscal acusó y pidió la prisión preventiva contra un detenido por un millonario robo a un agricultor. El imputado, que permanecerá detenido mientras avanza la causa, fue aprehendido cuando se disponía a comprar un teléfono celular con uno de los cheques sustraídos a un productor rural del sur de la provincia.

En la tarde del martes 15 de junio, a solicitud de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por Pedro León Gallo, se realizó una audiencia con el objeto de formalizar la aprehensión, formular cargos y pedir medidas de detención contra el acusado por un millonario robo.

El hecho se registró el 9 de junio pasado, a la siesta. Cerca de las 14:30 horas, cuando un agricultor de La Cocha, llegó a una casa de cambio del microcentro para realizar una operación en la financiera.

Luego de concretar la transacción, el hombre condujo su camioneta por la autopista Tucumán-Famaillá. Pero en el camino se detuvo a comprar empanadas. Entonces, una motocicleta frenó y un sujeto que descendió de la misma rompió un vidrio del vehículo del empresario agrícola y se llevó dos mochilas con un millón de pesos y cheques.

La aprehensión

Más tarde, una persona conocida le avisó a la víctima que un sujeto lo había contactado para comprarle un teléfono celular y que el mismo había presentado un cheque a nombre del damnificado.

Ante esta situación dieron aviso a la policía y acordaron un encuentro en una estación de servicios con este individuo, que fue reconocido por la víctima y atrapado cuando se disponía a concretar la compra de un celular usando uno de los cheques robado.

Los cargos

Se trata de Juan Pablo Saavedra, quien fue acusado por el delito calificado provisoriamente como robo agravado en despoblado. El auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao pidió en su contra la prisión preventiva por dos meses. El investigador argumentó la vigencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. El pedido del MPF de imposición de medidas de coerción de mayor intensidad fue avalado por la jueza actuante.

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