En medio del contexto de amenazas en instituciones educativas de Tucumán, que incluyeron pintadas intimidatorias en baños y advertencias de posibles tiroteos, el Sindicato Argentino de Docentes Privados expresó su rechazo al decreto 772-7 firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero.
Desde el gremio advirtieron que la norma prioriza una mirada “punitiva y expulsiva”, dejando de lado herramientas fundamentales como la mediación, la prevención y la educación emocional. Además, cuestionaron que se desplace la voz de docentes, estudiantes y familias en favor de una lógica centrada en el control y la vigilancia dentro de las escuelas.
En el comunicado, SADOP consideró que la respuesta oficial es “espasmódica” y no aborda el fondo del problema social que atraviesa a las instituciones educativas. En esa línea, remarcaron que la sanción no puede ser la única vía de intervención y alertaron sobre el riesgo de aplicar medidas que afecten el derecho a la educación de los jóvenes.
Por último, el secretario general Mario Dionisi instó al Gobierno provincial a revisar la medida y avanzar hacia un abordaje integral, con mayor inversión en educación y políticas de prevención. También planteó la necesidad de generar espacios de diálogo y participación para fortalecer a la escuela como ámbito de construcción de paz y convivencia democrática.