La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló este martes a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado nacional en cuanto a los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015 que firmó el máximo tribunal, pero cuya ejecución se dilató y representa un reclamo por casi $ 86.000 millones.
La deuda se originó por la detracción de fondos coparticipables entre 2006 y 2015 para financiar Anses y AFIP, con recortes de 15% y 1,9%, respectivamente. La Corte Suprema falló a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis por demandas similares en noviembre de 2015 y desde allí siguió una larga batalla que llega a su fin.
El gobierno de Santa Fe formalizó ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada su reclamo para que se establezcan pautas de cómo se tiene que liquidar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la provincia que gobierna el peronista Omar Perotti, de diálogo fluido con el Ejecutivo nacional.
El máximo tribunal, hace seis años, poco después de que Mauricio Macri se impusiera en las elecciones presidenciales de 2015, había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con el que se financiaba a la ANSeS y el 1,9% que se les quitaba por la AFIP, y que además se estableciera un plazo de 120 días para negociar términos y plazos de pago de las sumas retenidas a las provincias.
Tras el Pacto Fiscal de 2017 firmado por el gobierno de Macri, se les restituyeron recursos a los gobernadores, pero nunca se resolvió la cuestión de fondo judicial que reclamaban San Luis y Santa Fe. En el caso del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, no se adhirió al acuerdo con Nación, mientras que el distrito que encabezaba el socialista Miguel Lifschitz sí lo hizo. Así, los tiempos para San Luis fueron más rápidos y en marzo de este año el Gobierno nacional acordó el pago de una deuda de $25.749 millones, en bonos.
El gobierno de Perotti, del propio Frente de Todos, recurrió de nuevo a la Corte por una deuda que asciende a unos $ 100.000 millones y ahora el tribunal deberá definir de qué manera se deberán pagar esos montos y en qué plazos, aunque se estima que será en bonos, una medida similar a la que adoptó Nación con San Luis.
La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y menciona la falta de acuerdo entre las partes. Si bien en la sentencia no hace referencia a números y solo se remite a las fojas pertinentes, la liquidación arrojaría a esta fecha una suma aproximada de $ 68.000 millones por la causa de recorte para financiar Anses, mientras que el monto por el otro expediente homónimo (por los recortes para financiar AFIP) ascenderían a $18.000 millones.
“Habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017 ese propósito no se ha alcanzado, lo cual coloca nuevamente al Tribunal en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia”, dice el fallo.

