La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Ley 26.485 del Centro Judicial Monteros, que conduce la fiscal Eugenia María Posse, estuvo a cargo del proceso abierto contra el agresor. Durante la audiencia, la fiscalía fue representada por la auxiliar de fiscal Agustina Ruiz Triviño.
Según la acusación pública, los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2026, alrededor de las 19:00 horas. La víctima se trasladaba manejando una motocicleta por inmediaciones de la Ruta Provincial N° 324, a la altura del Puente de Santa Lucía, llevando al imputado como acompañante. En ese momento, el sujeto le exigió que detuviera la marcha. Tras descender del rodado, el agresor le propinó un golpe de puño en el rostro y la obligó a subirse nuevamente para dirigirse hacia un camino de ripio, ingresando a una zona de vegetación densa. Una vez en el lugar, el imputado volvió a golpear a la víctima, tirándola al suelo. En medio de amenazas de muerte, el sujeto la sometió sexualmente a la mujer en contra de su voluntad. Ante la resistencia ejercida por la víctima, el agresor tomó una piedra y, con claras intenciones de quitarle la vida, comenzó a golpearla brutalmente en distintas partes del cuerpo.
Para lograr que el sujeto dejara de agredirla, la víctima tuvo que fingir estar muerta. Creyendo haber logrado su cometido, el acusado comenzó a cubrir el cuerpo de la mujer con ramas y distintos elementos del lugar. En ese instante, la mujer intentó ocultar su teléfono celular, pero el agresor lo advirtió, le arrebató el aparato y volvió a atacarla a pedradas, mientras ella permanecía nuevamente inmóvil. Finalmente, tras arrastrar y ocultar la motocicleta entre la maleza, el individuo se dio a la fuga.
Producto del salvaje ataque, la víctima sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida y que demandarán un tiempo de curación mayor a un mes.
Durante el debate, la auxiliar de fiscal Ruiz Triviño formuló los cargos formales por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, homicidio agravado por el contexto de género en grado de tentativa (femicidio en tentativa) y robo simple, solicitando además la prisión preventiva del acusado por el plazo de seis meses.
Por su parte, el juez interviniente, resolvió hacer lugar al control de aprehensión por peligro en la demora, dio por formulados los cargos presentados por el Ministerio Fiscal y dictó la medida de prisión preventiva contra el imputado por el plazo de tres meses.
