La causa se enmarca en antecedentes de quejas y reclamos de internos por la calidad de los alimentos entregados en la cárcel, con denuncias que llevaron a inspecciones y medidas judiciales en el pasado. Esas actuaciones previas incluyeron hallazgos de alimentos que no cumplían con estándares sanitarios y la exclusión de una firma proveedora de futuras licitaciones.
La situación volvió a generar alerta cuando una nueva empresa asumió la provisión y comenzaron nuevamente los reclamos de los presos, lo que llevó a la reapertura de la causa bajo la hipótesis de un posible “envenenamiento” o suministro de alimentos en condiciones peligrosas.
El allanamiento se produjo justo el día en que se definía una licitación para la comida en ese penal, y aunque aún no hubo imputaciones formales contra Martínez, el juez investiga si el Servicio Penitenciario Federal conocía o avaló la operación de la empresa. El procedimiento judicial tuvo momentos de tensión, en particular por la entrega de un teléfono celular antiguo por parte del funcionario al personal judicial, lo que motivó pedidos adicionales de documentación y peritajes vinculados al dispositivo.
El avance de la causa expone un nuevo foco de cuestionamientos sobre la gestión de servicios básicos dentro del sistema penitenciario federal, especialmente en torno a la alimentación de las personas privadas de su libertad. Las autoridades judiciales proseguirán con medidas de prueba para establecer si existieron irregularidades, posibilidad de favorecer a determinadas empresas o vínculos inapropiados entre funcionarios y proveedores.
FUENTE: Filo 
