Acusaron a tres trabajadores por presuntamente defraudar a la administración pública mediante la venta de Certificados Únicos de Discapacidad apócrifos.
Este viernes 1 de mayo, por requerimiento del MPF, se realizó una audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares contra tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), ubicado en calle Las Piedras 530 de San Miguel de Tucumán.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por Mariana Rivadeneira, representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala. A los imputados se les atribuyen los delitos de defraudación a la administración pública, en concurso real con los delitos de defraudación a la administración pública en grado de tentativa y falsificación de instrumento público, en calidad de presuntos coautores.
Cabe señalar que uno de los sospechosos fue aprehendido en la terminal de ómnibus cuando intentaba viajar a la provincia de Córdoba, luego de no haber sido habido durante un allanamiento realizado ese mismo día.
Según la acusación, desde enero de 2026 los imputados habrían actuado de común acuerdo para ofrecer a afiliados la obtención de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsos a cambio de dinero, prometiendo cobertura total de prácticas médicas, cirugías y prótesis. Los certificados eran confeccionados de manera apócrifa y entregados a las víctimas tras el pago de distintas sumas (en cuatro casos detectados, $1.950.000). Luego, los propios acusados se encargaban de incorporarlos a expedientes administrativos reales dentro del organismo.
Aprovechando sus funciones, facilitaban el avance de esos trámites: desde el ingreso de la documentación hasta su paso por auditoría médica, logrando en algunos casos la aprobación de prestaciones y la autorización de intervenciones o entrega de prótesis. La maniobra fue detectada por el propio IPSS al advertirse irregularidades en algunos expedientes. En ciertos casos se logró frenar el circuito a tiempo, pero en otros las prestaciones ya habían sido autorizadas, generando un perjuicio económico estimado en $27.904.918.
Para la fiscalía, los imputados falsificaron documentación pública e indujeron a error a las autoridades del organismo, que terminaron aprobando trámites basados en información fraudulenta.
A los fines de resguardar el debido desarrollo del proceso, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por seis meses, al considerar que se encuentran latentes los riesgos de fuga y obstaculización de la investigación. Asimismo, Abdala solicitó la declaración de la causa como asunto complejo, lo cual fue concedido por la jueza interviniente por el plazo de un año.
Con respecto a la medida de coerción de mayor intensidad planteada por el MPF, la magistrada resolvió: en cuanto a uno de los implicados, ordenar la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por el término de dos meses y con monitoreo de dispositivo electrónico; mientras que con respecto a los dos restantes dispuso medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) y una caución de $3 millones cada uno.
