El Senado buscará este viernes sancionar la de ley de Góndolas, que tiene media sanción en Diputados y apunta a equilibrar el espacio que tienen los proveedores para la exhibición de productos en los supermercados, en una sesión extraordinaria donde la oposición propondrá cambios de la normativa.
El proyecto, aprobado durante noviembre en la Cámara baja, indica que las cadenas podrán darle a un proveedor el 30 por ciento de las góndolas en los supermercados, los cuales deberá compartir por los menos otros cinco distribuidores, y determina que se le deberá otorgar un 25 por ciento a productos de pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.
Sacnun atribuyó a la oposición del interbloque de Juntos por el Cambio una intención de "dilatar la discusión" cuando el proyecto se debatió en la Comisión de Legislación General la semana pasada y advirtió que "no tenía sentido" demorar la sanción debido a que "en la Cámara de Diputados no hubo votos negativos".
"La ley tiende a romper con la posición dominante de los grandes hipermercados, que son los verdaderos formadores de precios en Argentina", explicó y agregó que "es imposible avanzar en un programa contra el hambre y de redistribución del ingreso si no podemos evitar la cartelización".
La sesión donde el Senado tratará la ley de Góndolas se convocó para este viernes a las 14. Si bien en el debate en Diputados fue aprobado por 180 votos a favor, los senadores del radicalismo y del PRO no descartaron impulsar cambios en el recinto.
El senador anticipó que la modificación que su bloque va a plantear para la ley de Góndolas tiene que ver con porcentajes y ubicaciones de los productos en los supermercados. "Son cuestiones que tienen que ver con posiciones que nos están haciendo llegar entidades empresarias", dijo, aunque no brindó mayores detalles.
Fuentes parlamentarias dijeron que ante los cuestionamientos de los supermercados por la celeridad con la que se busca aplicar la nueva normativa, la oposición podría pedir que se extienda el plazo de 120 a 180 días para la entrada en vigencia de la ley, algo que el oficialismo podría considerar.