El atacante, que se disparó en la cabeza tras perpetrar el crimen, murió durante su traslado al hospital, ha confirmado el viceministro del Interior, Polapee Suwanchawee.
El recuento de heridos incluye también a personas que sufrieron lesiones durante la huida y no únicamente quienes recibieron disparos.
Tras el tiroteo, los agentes han encontrado muertos a los abuelos del adolescente en la vivienda que compartían. Los investigadores creen que el menor los mató justo antes de dirigirse al centro educativo. La cifra total asciende así a ocho fallecidos, incluyendo al asaltante. Se trata de la peor matanza registrada en Tailandia desde 2022. En octubre de aquel año, un expolicía mato a más de 30 personas, la mayoría niños, en un colegio infantil.
El ataque comenzó hacia las diez de la mañana en la escuela Debsirin Nonthaburi, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa. Se trata de un prestigioso centro educativo para alumnos de entre 12 y 18 años que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos de Tailandia.
Según la reconstrucción preliminar difundida por la BBC, el atacante recorrió varias aulas y disparó contra cinco profesores. Los testimonios recabados por la cadena de televisión británica apuntan a que parecía buscar a docentes, aunque la policía no ha confirmado que fueran un objetivo deliberado ni ha establecido todavía el móvil. El tiroteo se prolongó durante alrededor de una hora, hasta que el atacante volvió el arma contra sí mismo.
La policía sostiene que el adolescente utilizó una pistola de nueve milímetros perteneciente a su abuelo y registrada legalmente a nombre de este. Disparó al menos 26 veces y llevaba otras 34 balas, según los investigadores. Kiatikhun Verapongpradith, un paramédico de 47 años citado por Reuters, explicó que encontró al atacante desplomado con una herida de bala en el lado derecho de la cabeza, pero todavía con pulso. Los sanitarios intentaron reanimarlo antes de trasladarlo al hospital, pero murió durante el trayecto.
La Policía Nacional ha anunciado en un comunicado la apertura de la investigación para esclarecer las causas del ataque, reconstruir el acceso del menor al arma y completar las actuaciones judiciales correspondientes. El viceministro del Interior ha señalado que los agentes encontraron en el domicilio indicios de que el adolescente jugaba con frecuencia a videojuegos. Las autoridades no han establecido, sin embargo, ninguna relación entre esa afición y el tiroteo. El jefe de la Policía Nacional, el general Kittiratt Phanphet, ha comunicado a los medios que los expertos forenses han determinado que el atacante disparó con bastante precision y que varios de los proyectiles alcanzaron zonas vitales del cuerpo.
Un profesor de la escuela lo ha descrito como un buen estudiante, con un expediente académico satisfactorio y sin antecedentes conocidos de agresividad. Tenía amigos y participaba en actividades del centro, según una orientadora citada por los medios locales.
“Yo estaba delante de la profesora cuando recibió un disparo. Me estaba hablando cuando [el atacante] apareció y abrió fuego”, relató a BBC una alumna de segundo de secundaria, mientras esperaba junto a su madre. La estudiante explicó que apenas podía ver entre el polvo, que el atacante pasó de una clase a otra y que ella logró escapar con varios compañeros saltando la valla del recinto.
Un estudiante de 18 años declaró a Reuters que en un primer momento pensó que eran petardos o que alguien golpeaba algún objeto. “Al principio no pensé que fuera un arma”, dijo. “Se oyeron muchos disparos: bang bang bang. Luego se hizo el silencio. Después volvió a empezar”, narró.
El paramédico anteriormente citado describió su llegada al lugar mientras el tiroteo aún continuaba y cómo su equipo atendió a estudiantes con heridas en la espalda, el pecho y los brazos. Encontraron a un profesor muerto en un piso superior de la escuela y, en otra habitación, a una profesora con heridas en el pecho y el brazo.
“Le practicamos reanimación cardiopulmonar durante unos 30 minutos y la trasladamos rápidamente al hospital, ya que no lográbamos estabilizar su ritmo cardíaco, pero hicimos todo lo posible”, declaró.
La escuela Debsirin Nonthaburi tenía el pasado curso unos 3.100 alumnos y 147 profesores. Se encuentra en una extensa zona residencial y comercial desde la que numerosos vecinos se desplazan diariamente a Bangkok. El centro forma parte de una histórica red de escuelas públicas fundada bajo patrocinio de la familia real y por sus aulas han pasado dirigentes políticos, importantes académicos y escritores. Las escenas posteriores al ataque mostraban a estudiantes evacuados abrazándose a sus familiares y a profesores llorando en el exterior.
El primer ministro tailandés, Anutin Charnirakul, ha enviado sus condolencias y expresado que la tragedia demuestra la necesidad de mantener las restricciones a los permisos para portar armas en público. El líder de la oposición, Natthaphong Ruengpanyawut, ha reclamado revisar las medidas de control y reforzar la seguridad en los centros educativos.
Se trata del segundo tiroteo registrado este año en una escuela de Tailandia. En febrero, un adolescente de 17 años irrumpió armado en un centro de Hat Yai, en el sur del país, tras sustraer una pistola a un policía. La directora de la escuela murió posteriormente a causa de las heridas y una alumna recibió un disparo. El atacante mantuvo durante unas dos horas a profesores y estudiantes como rehenes antes de ser detenido.
En octubre de 2022, un antiguo policía armado con una pistola y un cuchillo asesinó a 36 personas, entre ellas 22 niños, en una guardería y otros puntos de la provincia nororiental de Nong Bua Lamphu.
La legislación tailandesa establece controles para adquirir armas; los solicitantes deben tener al menos 20 años, justificar su posesión y someterse a una comprobación de antecedentes. La tenencia ilegal está penada con hasta 10 años de cárcel. Pese a ello, el país presenta el mayor índice de armas en manos civiles del Sudeste Asiático. Tras el ataque de 2023, el Gobierno suspendió temporalmente la concesión de nuevas licencias, restringió las importaciones, prohibió el acceso de menores de 20 años a campos de tiro y estableció certificados médicos para evaluar la salud mental de quienes solicitan o renuevan determinados permisos.
La pistola empleada este viernes estaba registrada, según la policía, por lo que la investigación vuelve a situar el foco en la custodia de armas y en la facilidad con la que los menores pueden acceder a ellas.
