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Transporte público: "No hay más dinero del municipio", advirtió Arnedo

En una nueva reunión con empresarios del transporte, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán insistió en mejorar el servicio sin aumentar los aportes.

En medio de la crisis del transporte público que afecta a Tucumán desde hace años, y que en las últimas semanas volvió a profundizarse con reclamos empresariales y reducción de servicios, el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, confirmó que el municipio no incrementará los fondos destinados al sistema. Tras un nuevo encuentro con representantes del sector, el funcionario remarcó que la prioridad es mejorar la calidad del servicio para los usuarios y avanzar en una “racionalización” que permita bajar costos.

Arnedo detalló que actualmente el sistema recibe importantes recursos públicos: entre aportes municipales (atributos sociales, boleto educativo y subsidios) se destinan alrededor de 1.500 millones de pesos, a lo que se suman unos 4.900 millones mensuales de la Provincia y un reciente adelanto de 2.000 millones. Sin embargo, sostuvo que ese esfuerzo económico “no se traduce en una mejora del servicio”, y cuestionó que, pese a cobrar subsidios por 377 unidades declaradas, solo circulaban unas 228 en un relevamiento reciente.

En ese marco, el municipio volvió a exigir a las empresas que presenten información detallada sobre su situación operativa y financiera. Hasta el momento, solo 3 de las 14 líneas urbanas cumplieron con ese requerimiento, solicitado hace casi dos meses. “Necesitamos saber cuál es el estado real del sistema para tomar decisiones”, señaló Arnedo, quien además planteó la necesidad de avanzar hacia una licitación pública del servicio, al considerar que el esquema actual, con permisos precarios vigentes desde 2019, es “anacrónico y obsoleto”.

Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles 22, en un contexto donde el conflicto entre empresarios y trabajadores, sumado a la crisis económica general, mantiene en tensión al transporte urbano. Desde el municipio aseguran que el objetivo es garantizar un servicio eficiente, mientras crece la incertidumbre entre los usuarios por la continuidad y calidad de las prestaciones.

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