La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) consideró que la falta de obra pública y el aumento internacional en el precio del combustible deterioran la red logística
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) advirtió que el sistema de transporte en Argentina atraviesa una “crisis profunda”, atribuyendo la situación a las políticas implementadas por el gobierno nacional.
Según la organización, la desregulación, la paralización de la obra pública y la ausencia de una política integral, sumadas al impacto internacional en el precio del combustible por la guerra en Medio Oriente, han generado un deterioro significativo para los trabajadores y para la competitividad económica del país.
La CATT sostuvo que el aumento de los costos logísticos y del precio de los servicios afecta de manera directa a quienes utilizan el transporte, quienes enfrentan tarifas más altas y una calidad de vida reducida.
“El transporte es un complemento necesario de la actividad industrial y productiva. La actividad económica, medida en números fríos, está al servicio de intereses que son ajenos a los de la mayoría. No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad, si el mercado interno se destruye en nombre de un falso crecimiento, si el comercio exterior es manejado por el capital extranjero”, aseguraron.
Descartada la obra pública, talón fundamental del equilibrio de las cuentas fiscales para el Gobierno, y como respuesta al deterioro de las vías nacionales, la administración libertaria avanza con la concesión de las mismas.
En la última semana, adjudicó dos segmentos estratégicos de la Red Federal de Concesiones viales, lo que habilita la administración privada de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. Esta medida, incluida en la llamada Etapa II-A, apunta a transformar el modelo de gestión vigente mediante la supresión de subsidios y la promoción de aportes privados.
La decisión quedó formalizada el 15 de mayo, fecha en la que se oficializó la selección de las compañías responsables de los corredores Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa.
“Firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, describió el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.
La iniciativa contempla corredores clave que enlazan la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sectores del sur bonaerense. Para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión fue otorgada al consorcio integrado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA, cuya propuesta tarifaria para el peaje se fijó en 997 pesos, sin IVA. En ese trayecto se incluyen la autopista Ezeiza-Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226, vías de alto flujo que comunican polos urbanos, industriales y zonas agrícolas.
En el caso del Tramo Pampa, la adjudicación correspondió a CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA, con una tarifa de peaje propuesta de 2.355,37 pesos, también sin IVA y bajo un plazo de concesión de veinte años. Este tramo comprende la Ruta Nacional 5 desde el inicio hasta la intersección con la Ruta Nacional 35, atravesando áreas con intensa producción agrícola y ganadera.
Ambos acuerdos estipulan que la inversión en modernización, mantenimiento y optimización de los servicios será responsabilidad exclusiva de las empresas concesionarias, sin financiamiento estatal. El propósito expuesto por el gobierno apunta a elevar los niveles de calidad y eficiencia en la administración de la infraestructura vial. De acuerdo con la comunicación oficial, el modelo pretende “mejores estándares de servicio para los argentinos”, según declaraciones de Caputo.
Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda proyectó que estas concesiones derivarán en un alza del sector constructor, uno de los más afectados por el parate de la obra pública y el encarecimiento de los costos en dólares en los últimos dos años y medio.
“Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, aseguró el jefe de la cartera económica.
