Diego Ibáñez, referente de transportistas para personas con discapacidad en la provincia, explicó en LV12 que el principal reclamo está vinculado con el incumplimiento de la ley y el atraso en los pagos. Según indicó, el sector arrastra un desfasaje económico que comenzó a profundizarse desde diciembre de 2023.
“El desfasaje que teníamos en febrero de 2025 era de aproximadamente un 70%. Luego se otorgó un aumento cercano al 25%, dividido en tres partes entre octubre, noviembre y diciembre, y ahora en febrero hubo otro incremento del 5%, pero seguimos muy atrasados”, detalló.
Ibáñez señaló que el valor del kilómetro que perciben por el servicio de transporte es de alrededor de 770 pesos, mientras que el litro de nafta ronda entre los 1.900 y 2.000 pesos. “Estamos menos de la mitad de lo que cuesta el litro de combustible, por lo que el servicio se vuelve insostenible”, afirmó.
A esta situación se suma el retraso en los pagos. El referente explicó que, en Tucumán, recién en diciembre se cobraron los servicios correspondientes a junio y julio del año pasado, y desde entonces no se registraron nuevos desembolsos. “En enero no recibimos agosto, en febrero no recibimos septiembre y en marzo tampoco hubo pagos. La cadena se cortó y se hace imposible sostener el servicio”, sostuvo.
El dirigente también mencionó que la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad generó mayor incertidumbre administrativa, ya que las funciones pasaron al Ministerio de Salud de la Nación y, según indicó, aún no hay claridad sobre quién gestiona los pagos.
En la provincia, entre titulares y trabajadores del sector, se estima que dependen de esta actividad entre 500 y 700 familias. “El problema no solo nos afecta a nosotros, sino también a las personas con discapacidad que necesitan el transporte para llegar a sus tratamientos y actividades en las instituciones”, remarcó.
Por último, Ibáñez adelantó que el sector aguardará las gestiones que representantes de Incluir Salud realizarán ante el Ministerio de Salud de la Nación para presentar un petitorio con el detalle de la deuda a los prestadores. Mientras tanto, no descartan nuevas medidas si la situación no se resuelve.
