Con 16 condenas y nueve absoluciones concluyó en Tucumán el juicio oral por la denominada “Megacausa 14”, en la que fueron juzgados exmilitares, gendarmes y policías por violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos desde el comienzo del Operativo Independencia, en febrero de 1975, hasta mediados de 1977.
La regional local de H.J.O.S. calificó el fallo como una “sentencia vergonzosa en Tucumán”, de la que sólo participaron las partes y que pudo seguirse por internet. “El tribunal, de la mano del juez Gabriel Casas, vuelve a escribir una página oscura en los juicios por delitos de Lesa Humanidad”, destacó el organismo al rechazar tanto las absoluciones como la aplicación de condenas menores a pesar de la magnitud de los crímenes cometidos.
En el debate se analizaron secuestros, torturas, violaciones y homicidios contra un total de 335 personas. Excepto en los casos del exsenador provincial Dardo Francisco Molina, presidente de la entonces Cámara de Senadores y virtual vicegobernador de la provincia y el sastre Osvaldo Muñoz, que llegaron por primera vez a juicio oral, el resto habían sido tratados en procesos anteriores con otros acusados, como las megacausas Operativo Independencia y Arsenales II--Jefatura II. Ello permitió que, en base a la acordada 1/12 de la Cámara de Casación, se incorporaran alrededor de mil testimonios, inspecciones oculares a centros clandestinos y pruebas periciales sobre fosas comunas y restos óseos identificados.
De las 335 víctimas del juicio, 264 sufrieron delitos de lesa humanidad durante el Operativo Independencia, es decir en los trece meses anteriores al golpe de Estado de marzo de 1976. El fiscal general subrogante Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Agustín Chit, al momento de alegar, destacaron que en la provincia existió un solo “plan criminal” que arrancó con el Operativo Independencia, a cargo de Adel Edgardo Vilas durante los primeros meses y desde diciembre de 1975 con Antonio Bussi hasta el golpe del 76, aunque sin cambios sustanciales en las modalidades delictivas. “No hay diferencia; no puede haber una diferencia ni criminológica ni dogmática, ni típica, entre unos y otros hechos. Es un solo aparato criminal que comienza a implementarse en febrero de 1975 y sigue hasta mediados de 1977, fecha del último de los hechos tratados en este juicio”, afirmaron en representación del Ministerio Público Fiscal, que había pedido 19 penas de perpetua y seis de entre 10 y 25 años de prisón.
Por los delitos anteriores al 24 de marzo de 1976 fueron absueltos Ernesto Alejandro Repossi, Julio Luis Teodomiro Bidone y Juan Antonio Garibotte, exsegundos jefes de unidades militares de Tartagal, Jujuy y Mendoza respectivamente, que tuvieron a su cargo bases instaladas en Tucumán. Los oficiales de inteligencia Luis Orlando Varela y Fernando Torres, del Destacamento 142 de Tucumán, recibieron penas de prisión perpetua. Los gendarmes que actuaron en el centro clandestino La Escuelita de Famaillá, corrieron suertes diversas: Alberto Montes de Oca y José Carlos Sowisky recibieron penas de 18 años de prisión, en tanto Celso Alberto Barraza fue absuelto. Benito Palomo y Carlos Lafuente, exgendarmes juzgados por 22 casos de secuestrados en los centros clandestinos Reformatorio y Arsenales, recibieron penas de 16 años de cárcel.
A 14 años de cárcel fueron condenados los expolicías Guillermo Agustín Ugarte, Hugo Javier Figueroa, Felix Insaurralde y Rolando Reyes Quintana, por delitos en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía. Absueltos por duda resultaron sus ex pares Miguel Angel Chaile y María Luisa Acosta de Barraza, la única mujer que estuvo en el banquillo. El exsubjefe de policía provincial en 1976, Juan Francisco Nogués, acusado por los delitos contra 47 personas, recibió una pena de diez años de prisión.
Adolfo Ernesto Moore fue condenado a perpetua en la causa Molina, por la que fue absuelto Pedro Osvaldo Caballero. La sentencia también incluyó condenas a 14 años de cárcel para Luis Armando De Cándido, Ángel Custodio Moreno y Ricardo Oscar Sánchez, diez años para Ernesto Rivero, y absoluciones para Ramón Alfredo Ojeda Fuentes y Hugo Enzo Soto, que tuvo a su cargo la Compañía de Arsenales 5.
El Tribunal Oral Federal tucumano, que además de Casas integran Carlos Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu, omitió pronunciarse sobre el pedido que habían hecho los fiscales Camuña y Chite para que “declare como garantía de no repetición que en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió guerra, ni un conflicto armado interno en los términos del derecho internacional humanitario”. La resolución sí señaló que las mujeres víctimas que fueron objeto del proceso padecieron formas de violencia comprendidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 1º de diciembre.
El juicio oral incluyó cinco causas que habían tramitado por separado en la etapa de instrucción: en la segunda parte del juicio "Operativo Independencia" se debatieron los mismos casos de víctimas tratados en 2016 y 2017 pero con nuevos acusados; la causa “Tártalo" es por delitos en la Jefatura de Policía, que incluye casos originalmente reunidos en el juicio "Jefatura II" con nuevos imputados. El debate también contuvo tres procesos referidos a los centros clandestinos de detención "Arsenal" y "Reformatorio", que incluyen a las dos víctimas nuevas. El proceso se inició en diciembre pasado, se reanudó en febrero pero volvió a interrumpirse cuando se decretó el aislamiento social por la pandemia de coronavirus. Arrancó nuevamente en junio, ya con la modalidad virtual, y ayer llegó la sentencia, que dejó un sabor amargo para quienes exigen justicia desde hace casi medio siglo.