En diálogo con LV12 el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo destacó la importancia de la coordinación institucional para poner en marcha la legislación.
“Se promulgó el Código Penal Juvenil y eso es lo que destacaba yo recién cuando estábamos hablando: la importancia de que los tres poderes trabajen de manera coordinada, respetando la independencia de poderes, pero trabajando de manera coordinada”, manifestó Acevedo.
En ese sentido, el vicegobernador remarcó que Tucumán se convirtió en la primera provincia en adecuar su legislación al nuevo esquema nacional y sostuvo que la promulgación permite avanzar hacia su aplicación efectiva en el territorio provincial.
“Somos la primera provincia que pone una ley adecuada a los términos de la Nación, que estaba muy amplia. Lo pudimos poner en términos legales para que se adecue a la provincia de Tucumán y hoy no tan solo eso: ya el Poder Ejecutivo la promulgó y Tucumán es la primera provincia que puede y está en condiciones de ejercer y ejecutar esta ley”, expresó.
La adecuación provincial al nuevo régimen nacional
La Ley N.º 10.011 fue sancionada por la Legislatura tucumana el pasado 30 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial provincial el lunes 19 de octubre, según los antecedentes de la normativa. Su aprobación se enmarca en la reforma nacional del sistema de responsabilidad penal juvenil, que modificó las condiciones para el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley.
El nuevo esquema nacional, establecido por la Ley N.º 27.801, contempla la reducción de la edad mínima de imputabilidad penal de 16 a 14 años y establece disposiciones específicas para el tratamiento judicial de adolescentes de entre 14 y 17 años.
En ese contexto, la legislación tucumana busca organizar la ejecución y supervisión de las medidas judiciales, con procedimientos y estructuras institucionales adaptados a las disposiciones nacionales.
Supervisión y abordaje especializado
Entre los aspectos centrales de la normativa provincial se encuentra la creación de un Cuerpo de Supervisores bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, destinado al seguimiento y control de las medidas dispuestas por la Justicia en el marco del régimen penal juvenil.
La ley también contempla el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, como parte de la estructura prevista para el abordaje de los adolescentes alcanzados por el sistema.
El modelo incorpora criterios de intervención interdisciplinaria, con atención a la educación, la salud, la contención y la reinserción social. De esta manera, además de establecer mecanismos para el cumplimiento de las medidas y sanciones, la normativa contempla herramientas orientadas a reducir la reincidencia y favorecer la integración social.
