La crisis que atraviesan las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Tucumán continúa profundizándose debido a las demoras en los pagos por parte de obras sociales y organismos nacionales. En las últimas horas, la Justicia ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud regularizar la situación en un plazo de 72 horas.
En ese contexto, el presidente Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad, Gustavo Anastasio dialogó con LV12 y aseguró que la medida judicial “es un elemento más para mostrar que teníamos razón desde el principio de que la situación era caótica”.
El referente explicó que actualmente muchas instituciones aún no cobraron prestaciones correspondientes a noviembre, diciembre y enero. “Estamos llegando a mitad de año y todavía hay pagos pendientes desde noviembre”, afirmó.
Anastasio señaló que la situación ya comenzó a impactar directamente en la atención de pacientes y en el funcionamiento de los centros especializados. “Ya se están cerrando servicios en Tucumán”, advirtió.
Además, reveló que una institución importante de la provincia cerró recientemente una de sus sedes. “Están reubicando a aproximadamente 90 chicos”, indicó, y alertó que la reducción de la oferta afecta tanto a las personas con discapacidad como a los trabajadores del sector.
Según detalló, en Tucumán existen unas 92 instituciones categorizadas que brindan atención a cerca de 10 mil pacientes. “Estamos hablando de un número realmente importante que puede verse afectado”, sostuvo.
Por último, explicó que si bien los aranceles comenzaron a actualizarse de acuerdo al IPC, el problema actual pasa por el retraso sistemático en los pagos. “La deuda se cobra a valores históricos y no actualizados”, concluyó.