"Si no pagan lo que marca la ley, no empiezan las clases", sentenciaron las autoridades de AGD-UBA a través de un comunicado oficial. El texto remarca que la medida cautelar obliga a la administración libertaria el cumplimiento de la normativa. El gremio solicita al Ejecutivo que "pague inmediatamente el 46% que nos adeuda".
Antonio Rosselló, miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, explicó el alcance de la demanda laboral y presupuestaria: "El gobierno inmediatamente debe acatar la resolución judicial y tendría que pagar un incremento salarial a los trabajadores docentes y no docentes". Exigió también "el incremento del presupuesto de las universidades nacionales, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento".
El docente también recordó que la Cámara de Diputados ratificó esta ley en cuatro oportunidades distintas durante los últimos meses y que el conflicto atravesó vetos presidenciales. Está en juego el inicio de las mesas de examen y la planificación del próximo año.
El fallo judicial que ordena actualizar los salarios
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional. La resolución ordena dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario para recomponer haberes y becas. El magistrado declaró "inaplicable" el decreto 795/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó suspender la ejecución de la norma.
El magistrado consideró que existe un supuesto de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" por parte de la autoridad pública. Cormick sostuvo que la omisión del Gobierno lesiona derechos constitucionales relacionados a la educación y la autonomía institucional. El fallo exige al Estado Nacional que garantice las partidas necesarias de acuerdo a la Ley.
FUENTE: C5N 
