El presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, decretó una flexibilidad del régimen de residencia de extranjeros como parte del plan para captar inversores del exterior , incluyendo la radicación de familias, lo que apunta fundamentalmente a los argentinos , pero también a empresarios de cualquier otro país.
El nuevo gobierno confía en la potencialidad de Uruguay para atraer empresas y familias, con una institucionalidad política que a ojos de los extranjeros aparece como fuerte y estable, y un clima de negocios propiciado desde el Poder Ejecutivo con un sentido "pro-inversión", dijeron a LA NACION fuentes de la administración Lacalle Pou.
"Antes de asumir ya se recogían propuestas para trasladar inversiones, pero los empresarios advertían de algunas restricciones que lo obstaculizaban, por lo que consideramos la necesidad de analizar jurídicamente el caso para facilitar el ingreso al país ", dijeron los informantes.
Qué dice el decreto
El decreto 163/020, firmado hoy por el presidente Lacalle y su ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, baja el nivel de la exigencia patrimonial requerida para otorgar la residencia fiscal en Uruguay.
Dice que "se considerará que una persona radica la base de sus intereses económicos cuando tenga en territorio nacional una inversión" que equivale a 380.000 dólares , mientras que antes ese tope estaba en casi 2 millones de dólares.
El nuevo monto es móvil y está expresado como 3,5 millones de Unidades Indexadas, que es una unidad de medida que se ajusta diariamente según la tasa de inflación, que en los últimos doce meses está en el 11%. Convertido a dólares, a una cotización de 43 pesos uruguayos, se llega al monto de US$379.221.
Para acceder a ese mecanismo de residencia, el decreto establece que la persona debe registrar una presencia física en el país de al menos 60 días, certificada durante el año civil .
Además, flexibiliza las condiciones no solo para personas físicas sino también para empresas, lo que regirá para compañías cuyo valor sea superior a 15 millones de unidades indexadas, que equivale al 1º de julio a 1.625.200 dólares . Eso corre para empresas en Uruguay que generen a partir de julio 15 puestos de trabajo directos en relación de dependencia como mínimo.
"La política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades", manifiesta el presidente en su nuevo decreto, y afirma que "el Uruguay es un país de puertas abiertas, con una política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse".
Además, sostiene que este país "ofrece como garantía de sus políticas públicas de inversión y migración su institucionalidad, un ámbito de libertad económica y social y una tierra con recursos naturales únicos".
La resolución del gobierno uruguayo afirma que la nueva administración "impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general", y que de esa forma se busca el objetivo de que "puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos".