El Gobierno nacional anunció este lunes una profunda reestructuración en el área vial con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, la supresión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Mediante un decreto, dispondrá la creación de un nuevo organismo que será el encargado de adjudicar los tramos de rutas nacionales a privados, quienes pasarán a administrar y a realizar las obras. Las tareas de control de la seguridad vial las realizará Gendarmería.
Horas después del anuncio, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se pronunció en repudio del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dio a conocer la decisión de Nación de avanzar con la eliminación de las áreas por decreto. "Desmantelar Vialidad Nacional es un castigo más al desarrollo federal", aseguró en un mensaje en su red social "X".
Para el mandatario, la decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad "no sólo es irracional" sino que también implica un "ajuste a sus trabajadores y es una agresión directa al desarrollo armónico del país". "Para La Pampa, esto significa más abandono. Ya denunciamos el estado crítico de nuestras rutas nacionales. Pedimos ayudar, recibimos solo silencio", criticó.
Ziliotto consideró que la medida de Nación representa "un riesgo para la vida, para la producción y para la integración de nuestras comunidades". Además, rechazó la postura del ahorro: "Esto no es una decisión que ahorra. Es eludir responsabilidades, es desconocer la Argentina real, la que trabaja y produce y es despreciar a su gente".
La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Silley, también repudió la decisión de Nación, lo que calificó como un "desguace" y llamó a convocarse este martes a las 10 frente a la casa Central de la Dirección de Vialidad Nacional.
"Ante la inminente publicación del DNU que avanza con el desguace del organismo, mañana acompañaremos la conferencia de prensa de los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, quienes al día de hoy no saben si continúan con su trabajo. Son ellos quienes mantienen las rutas nacionales, conectan pueblos y salvan vidas facilitando el acceso a la salud y a servicios básicos", dijo quien también ocupa el cargo de Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y Consejera de la Magistratura de la Nación.
Además de referirse a Vialidad, Silley también apuntó contra los diputados y senadores por haberle otorgado las facultades al presidente Milei. "Es tan claro el daño que causa al patrimonio de nuestro país los superpoderes que los diputados y senadores le otorgaron al Poder Ejecutivo en la LEY BASES. De seguir por este camino vamos a tener que lamentar vidas argentinas perdidas por la desidia absoluta del Estado Nacional", dijo.
La diputada mandato cumplido por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se sumó a las voces que cuestionaron la decisión sobre el organismo nacional. Lo calificó lisa y llanamente como un acto "criminal" que "pone en riesgo nuestras vidas" ya que "es el organismo que se encarga del mantenimiento de los más de 40.000 km de rutas nacionales con más de 5.000 trabajadores en todo el país". "Si lo disuelven implicará un salto en el deterioro de las rutas que ya están gravemente afectadas por la falta de fondos y obras", advirtió.
También alertó por el posible despido de los trabajadores que actualmente realizan tareas en la DNV. "Hay más de 5.000 familias que están en la total incertidumbre. El gobierno quiere o despedir a los trabajadores de Vialidad o bajarle los salarios quitándoles derechos laborales. Que los echen o empeoren sus condiciones de trabajo va a significar que quienes transitemos alguna ruta nacional vamos a estar en peligro. ¿Por qué? Porque Milei quiere promover los negocios, a costa de perder vidas", dijo.
El senador provincial por Corrientes, Martín Barrionuevo, también se sumó al repudio por el anuncio del Gobierno. "Eliminan Vialidad Nacional. En Corrientes, ¿quién va a atender los más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales no concesionadas?", se preguntó y agregó: "UNA LOCURA".
Gremios advierten por los riesgos de la disolución de Vialidad Nacional
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, también se expresó en duros términos por la medida, la cual aseguró que “pone en riesgo la vida de millones de argentinos”. Además, reclamó la intervención urgente de los gobernadores para frenar lo que calificó como un “retroceso sin precedentes”.
“El cierre de Vialidad Nacional implica un desinterés total de este Gobierno insensible al que no le importan las vidas que se puedan perder por el estado de las rutas. En estos últimos 18 meses el abandono de nuestras autopistas ha sido notorio y, a partir de ahora, será todo peor”, afirmó Aguiar en declaraciones públicas.
El sindicalista pidió a los mandatarios provinciales que “tomen partido en favor de la gente” y abandonen “el letargo en el que se encuentran”. “Ahora tienen que saltar, los queremos ver poniendo la cara por cada uno de los distritos. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo, mutila el desarrollo de todas las regiones del país. Con el cierre de Vialidad, se ponen en riesgo la vida de millones de argentinos”, sostuvo.
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, y los acusó de por las posibles muertes que se generen debido a la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.
La líder de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.