Se conocieron los datos del informe anual de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) el cuál indica que fueron 436 las muertes por violencia institucional en la Argentina.
María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI, dialogó con LV12 sobre los alarmantes números que reveló el informe antes mencionado. Se considera violencia institucional cuando los derechos de un ciudadano fueron violados por parte de funcionarios públicos.
"Son 436 personas hasta dónde tomamos conocimiento porque todos los años sucede que hay casos que ocurren que no logramos individualizar, que no nos llega información o la familia no se contacta", aclaró en el inicio de la charla la referente.
Indicó que sobre esos datos informados existe un 73% de esas personas muertas bajo la responsabilidad estatal que corresponde a muertes en lugares de detención, en cárceles y comisarías.
Ante esto María del Carmen Verdú exclama: "esto es un desfasaje brutal de la relación entre las muertes por custodias y por gatillo fácil que hace 20 años estaban parejas, pero hoy por el agravamiento de la ocupación carcelaria hace que ocupe un primerísimo lugar pasando por encima a los casos de gatillo fácil en proporción".
La representante considera que no coinciden los números de delitos con los de detención y "se ve una activa política de encarcelación que hace que en menos de 20 años tengamos un crecimiento exponencial de la cantidad de personas detenidas cuando en el mismo periodo los principales delitos como el homicidio doloso o el robo han descendido".
"Si bajó la tasa de criminalidad, pero cuadruplicó la cantidad de gente presa es porque se están metiendo personas presas por otras razones", cuestionó Verdú.
En ese sentido explicó que "este crecimiento del índice de encarcelación en Argentina que pasó de una tasa razonable de hace 10 años atrás a una tasa superior a 244 cada 100.000 habitantes presa tiene directa relación con la política de reformas legislativas y cambios jurisprudenciales". Y nombró las leyes Bloomberg, Petri y las de flagrancia.
La representante de CORREPI entiende que "estas leyes llegaron dificultando y convirtiendo en un privilegio inalcanzable para quienes no tienen poder, dinero o uniforme el derecho de transcurrir el proceso en libertad cuándo no se trata de una situación de alta peligrosidad".
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